Ya es definitivo. Un nuevo impuesto grava a la movilidad eléctrica cuando está ni siquiera está realmente implantada o desarrollada y, lo peor de todo, es que lo hace por partida doble. Los Presupuestos Generales del Estado 2021 incluyen una doble tasa a pagar por los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Doble tasa, Ayuntamiento y Estado
El Boletín Oficial del Estado del pasado 31 de diciembre recoge en su página 86 el artículo de la ley de presupuestos en el que se establece que los puntos de recarga para vehículos eléctricos deberán abonar al ayuntamiento correspondiente a la localidad donde están instalados una nueva tasa por cuantía mínima de 13,56 euros. La tasa deberá ser abonada «exclusivamente» por el «titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado«. Además, al tratarse de una cuantía mínima, cada ayuntamiento está facultado para fijar la cuantía que quiera a cada punto de recarga, siempre que esta se encuentre por encima de los 13,56 euros antes mencionados.
Pero la Ley de Presupuestos añade otra sorpresa para los puntos de recarga de vehículos eléctricos. El texto publicado en el BOE del pasado día 31 también establece el pago de otra tasa adicional, por el mismo concepto, que en esta ocasión será recaudada por el Gobierno Español. Será otros 13,56 euros más, que igualmente deberán ser abonados «exclusivamente» por «el propietario de los puntos de recarga.
Sólo 8000 puntos de recarga instalados
En España, actualmente hay ya instalados unos 8.000 puntos de recarga, que se espera sean 100.000 en 2023. Y ANFAC ?asociación que representa a los fabricantes de automóviles en España? ha propuesto recientemente al gobierno que acelere el plan de implantación de puntos de carga en España para que a finales de 2022 haya hasta 48.000 puntos instalados; unos 120.000 a diciembre de 2025 y en torno a 360.000 para finales de 2030. De cumplirse esos plazos, significaría que para finales de 2022 los puntos de recarga estarían aportando 1.3 millones de euros a las arcas públicas, que serían 3,25 millones de euros en 2025 y 9,76 millones de euros en 2030. Y eso sin contar el posible 21 por ciento de IVA que deberían abonar si la tasa en vez de pagarse directamente a los ayuntamientos o al propio estado se recaudara mediante pagos a empresas u organismos interpuestos, lo que elevaría las cantidades recaudadas por este nuevo concepto impositivo a un total de 2 millones de euros en 2022, casi 4 millones en 2025 y 11,8 millones de euros en 2030.
A priori, no son cantidades importantes, pero calan el melón de la imposición y abren la puerta a los futuros impuestosque tendrá que soportar inexorablemente la movilidad eléctrica y que irán reduciendo las ventajas competitivas de la misma con respecto a la movilidad mediante energías fósiles. El problema que surge es el de si realmente este es el momento adecuado para empezar a gravar a la movilidad eléctrica, cuando aún no ha alcanzado una implantación adecuada. Dada la situación actual del país es evidente que el Estado precisa generar ingresos de manera urgente, pero cabe preguntarse si estas tasas van a significar añadir más dilación al ya muy retrasado plan de implantación de puntos de carga que pueda favorecer el desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestras calles y carreteras.
Barcelona, 50 € a los usuarios, 100 a profesionales
Como decíamos, el melón ya está calado y el relativo «chollo» que ofrecía la movilidad eléctrica comienza a disiparse. Al mayor precio de los vehículos eléctricos se unen ahora decisiones como la adoptada en Barcelona, donde desde el pasado 18 de enero el Ayuntamiento ya ha comenzado a cobrar por la recarga de energía eléctrica en los puntos de carga municipales. Asi, lo que antes era gratuito en lo sucesivo va a suponer una tasa de 50 euros anuales para aquellos clientes particulares que utilicen las infraestructuras municipales de carga, cantidad que se elevará a 100 euros para los profesionales.
Por otra parte, el precio de la energía también se ha incrementado y variará en función de la intensidad y potencia de carga de la que dispongan los distintos postes. Los usuarios particulares pagarán e kWh a 0,40 € cuando estén abonados al sistema, mientras para los no abonados el precio será de 0,49 €. Para los usuarios profesionales (repartidores, taxistas,…) la tarifa será algo más reducida. El Ayuntamiento de Barcelona la ha fijado en 0,33 y 0,40 euros, respectivamente.
