La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible llegará al Congreso de los Diputados antes de finalizar el año para su aprobación.
Esta Ley de Movilidad Sostenible, que el Gobierno quiere aprobar como tarde en el primer trimestre de 2023 es, según explican, «una herramienta fundamental para modernizar la movilidad, con una apuesta decidida por las nuevas tecnologías».
En este sentido, la ley de Movilidad Sostenible no solo prioriza el transporte colectivo en detrimento del coche privado, sino que también pretende regular, entre otras cuestiones, el transporte a demanda, los coches compartidos o el uso temporal de vehículos, Además, establecerá una regulación básica del vehículo autónomo: drones, vehículos aéreos no tripulados, vehículos automatizados por carretera y trenes y barcos autónomos.
Según ha explicado la ministra, esta Ley de Movilidad Sostenible es urgente porque «en España el 27,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea. A su vez, concentra el 40% del consumo de energía final, casi nueve puntos más que el promedio de la Unión Europea.
Pago por uso de la vía en la Ley de Movilidad Sostenible
La nueva Ley de Movilidad Sostenible contempla, además, la posibilidad de que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que establezcan Zonas de Bajas Emisiones puedan aplicar peajes urbanos en esas áreas. Según el anteproyecto, «con el fin de ampliar el catálogo de medidas que los municipios pueden adoptar para garantizar la adecuada calidad del aire en sus términos municipales y minorar las emisiones producidas por los vehículos a motor, se crea la tasa por aprovechamiento especial de las zonas de bajas emisiones… Esta habilitación legal permite que los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones».
En este aspecto, la nueva normativa permitiría que los ayuntamientos cobren una tasa por la circulación en sus calles, siempre que tengan establecidas Zonas de Bajas Emisiones. ¿A qué ciudades podría afectar? Pues, a las localidades que tienen la obligación de establecer esas ZBE. Aquí tienes la lista completa.
Esto se justifica porque, según los datos aportados por la ministra de Transportes durante su intervención en el III Observatorio de la Movilidad de El Español, es en las ciudades donde se produce aproximadamente el 70% de las emisiones y la circulación urbana es el origen del 40% del CO2 que lanzamos a la atmósfera.
Además, la nueva norma también abre la puerta al pago por uso de las infraestructuras, una medida sobre la que la ministra ha vuelto a insistir que «el Gobierno no tiene intención de implantar sin contar con el consenso del sector, aunque ha recordado que los principios de «el que usa, paga» y «el que contamina paga», están planteados hace muchos años en Europa».
Descarbonizar y digitalizar la movilidad
Junto a la Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada 2030 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta ley es una de las grandes apuestas del Ejecutivo, con la que se pretende descarbonizar y digitalizar la movilidad, impulsando el transporte público o alternativas como caminar o ir en bici frente al vehículo privado con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.
En concreto, entre los objetivos de la Ley de Movilidad sostenible se establece que «las administraciones públicas velarán por incentivar y promover los medios y modos de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos y metropolitanos, primando la movilidad activa (movilidad a pie y en bicicleta), que contemplen medidas para facilitar la movilidad personal en situaciones de diversidad funcional, el transporte público colectivo y los esquemas de movilidad de alta ocupación».
