Con el nuevo año llega también la obligatoriedad de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, según establece la Ley de Cambio Climático. Estas áreas, en las que se impide la circulación a determinados vehículos, son ya una realidad en algunas ciudades como Madrid y Barcelona, pero hay una gran mayoría de españoles que nunca han oído hablar de ellas.
Más de 150 municipios de nuestro país tendrán que establecer estas Zonas de Bajas Emisiones y aplicar restricciones que afectarán a la movilidad de sus ciudadanos pero, según un estudio de Alphabet, la mitad de los españoles desconoce qué son, aunque ocho de cada diez se muestran a favor de esta medida una vez conocen los detalles.
Se estima que en las localidades afectadas por la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones hay unos 11,5 millones de vehículos en circulación y casi unos cuatro millones dejarán de poder desplazarse por sus centros urbanos tras las restricciones impuestas por el Gobierno.
Estos vehículos son los que no tienen ningún tipo de etiqueta ambiental de la DGT, una cuestión sobre la que también hay un amplio grado de desconocimiento entre los conductores. Según un estudio llevado a cabo por la empresa de movilidad Alphabet, un 37,5% de los españoles desconoce qué etiqueta tiene su vehículo, cifra que asciende hasta el 43% en los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes.
Para saber las diferencias en la percepción y conocimiento sobre las Zonas de Bajas Emisiones de los ciudadanos en función de su lugar de residencia, Alphabet ha realizado un estudio en base a dos muestras poblacionales: los ciudadanos de las 17 principales capitales de cada comunidad autónoma y una muestra representativa de 100 municipios españoles con una población de entre 50.000 a 100.000 habitantes.
Desconocimiento de las Zonas de Bajas Emisiones tanto en las capitales como en los grandes municipios
El informe revela que el nivel de conocimiento de las Zonas de Bajas Emisiones es muy semejante tanto entre los habitantes de las principales capitales como entre los de los municipios, con un 55% y un 50% respectivamente. Sin embargo, un 27,5% de los que dicen conocer las ZBE no saben cómo les van a afectar en su día a día.
Por otro lado, aunque la mayoría de los encuestados se muestran a favor de la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones en su ciudad, casi 3 de cada 10 están conformes con la medida siempre que no les afecte a la movilidad con su vehículo.
Además, el 69% de los españoles asegura que la obligación de implantar nuevas ZBE se debe a motivos medioambientales, mientras que un 29% atribuye esta medida a fines políticos y uno de cada cuatro cree que solo tiene un afán recaudatorio.
Nuestro parque móvil es uno de los más envejecidos de Europa y la edad media de nuestros coches se sitúa en unos 13,5 años, lo que conllevará que muchos vehículos que circulan actualmente por el centro de las ciudades ya no podrán hacerlo. Sin embargo, solo un 16% de los conductores considera que tendrá que adquirir un coche menos contaminante por este motivo.
Entre los que valoran cambiar su coche por uno más sostenible, la mayoría declara que compraría un híbrido no enchufable (33%), seguidos por los que optarían por un vehículo 100% eléctrico (22%) y por aquellos que elegirían un diésel o un coche de gasolina menos contaminante del que conducen actualmente (18%).
Medidas por un aire más limpio
Por otra parte, un 72% de los españoles afirma estar preocupado por el nivel de contaminación del aire de su ciudad y, además de apoyar la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, hasta un 83% se muestra a favor de tomar otro tipo de medidas que promocionen el transporte público, como la concesión de abonos gratuitos y el incremento de las rutas y las frecuencias de autobuses y trenes.
También, la mitad de los encuestados cree que los planes de ayudas para la compra de vehículos eléctricos son positivos, mientras el 40% respalda la instalación de aparcamientos disuasorios en las entradas a las ciudades y la creación de nuevas zonas peatonales en las mismas. Muy al contrario, los ciudadanos rechazan las medidas que suponen un coste adicional, como el pago de peajes o los estacionamientos regulados.