Es hoy cuando el Pleno del Congreso va a debatir y votar la última proposición de ley del Partido Popular, la cual busca destinar una parte de los fondos europeos a lo que se conoce como ‘retrofit’ o ‘restomod’, y que no es otra cosa que la transformación de vehículos equipados con motor gasolina o diésel en vehículos totalmente eléctricos.
En su iniciativa, los ‘populares’ proponen introducir una nueva disposición en el decreto ley 29/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Mediante esta nueva disposición final, el Partido Popular sugiere que para acometer este sistema de conversión a vehículos de baterías eléctricas o pilas de combustible se destinen parte de los fondos que España recibe en el marco del Plan de Recuperación. De manera complementaria, se reclama la puesta en marcha de una línea específica, dentro del Perte correspondiente, que permita la «simplificación y abaratamiento» de los procesos de conversión.
El Partido Popular ve necesario destinar los fondos europeos a esta materia ante la «complejidad» que supone la transformación del sector. «Por ello, se hace necesario disponer de parte de los fondos que la Comisión Europea asigna a España dentro del marco del Plan de Recuperación», explica el grupo.
El Partido Popular también pide un sistema ‘mas eficiente’
En su iniciativa, que se votará hoy mismo, también proponen que, en el plazo de seis meses, el Gobierno adopte las medidas necesarias para agilizar los procedimientos de conversión de motores de combustión a otros ‘verdes’, para lo cual deberá someter a consulta, con carácter previo, las reformas a desarrollar con el sector y los actores implicados.
Por otro lado, el Partido Popular ve necesario diseñar un sistema «más eficiente» de certificación y homologación que proteja a los diferentes actores implicados en el proceso.
Además, los ‘populares’ quieren que se implemente un mecanismo que permita, sin renunciar a los parámetros de seguridad exigibles, reducir barreras burocráticas y costes de tramitación que limitan estos procesos de conversión, reforzando las garantías de los consumidores y usuarios, de los fabricantes de vehículos, así como de quienes dediquen a la transformación de estos.
