El plan de transformación y resiliencia que el gobierno de Pedro Sanchez aprobó tras la pandemia, recoge la implementación de peajes en carreteras de alta densidad y velocidad, sean autopistas o autovías, indistintamente, con fundamento en el necesario mantenimiento de la red viaria nacional.
Esta medida que supuso el debate popular y político, no ha dejado de ser controvertido por las contradicciones que se manifiestan entre la dirección general de Trafico y el ministerio de turno, es decir de movilidad urbana y transportes.
Según un estudio de Alphabet, un 91% de los españoles están en contra de la implementación de peajes en autovias. Un 28% de los españoles cree que el pago por el uso de las autovías incrementaría el uso de las carreteras secundarías, a pesar de los altos índices de siniestralidad.
1Un recordatorio desde Bruselas
La Comisión Europea ha confirmado que el plan de recuperación y resiliencia español aprobado por Bruselas incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir de 2024, aunque hace apenas tres días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintiese «categóricamente».
«Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga'», ha confirmado en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.
La medida, fue anunciada hace una semana por el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y desmentida posteriormente por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que daba por «zanjada» la polémica surgida en torno al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España y desmentía «categóricamente» que se fuese pagar.
