Los radares de la DGT y las cámaras de vigilancia son herramientas fundamentales en la gestión de la seguridad vial. Su función principal es garantizar que los conductores respeten las normas de velocidad y otras regulaciones de tráfico, contribuyendo así a reducir accidentes y salvar vidas.
Sin embargo, en algunos casos, estos dispositivos pueden generar controversia, especialmente cuando no se utilizan para su propósito original, que es mantener un tráfico seguro. Uno de estos casos que ha generado recientemente debate es el de los radares ubicados en el municipio de Maó, que han estado operativos durante casi dos años sin emitir una sola multa.
1Radares en Maó: ¿Ineficacia o disuasión estratégica?
Los radares y cámaras de Maó entraron en funcionamiento el 15 de febrero de 2022, después de una campaña informativa de un mes que anunciaba su llegada. Durante ese período inicial, se aseguró a la población que no se impondrían multas, pero sorprendentemente, esta política no ha cambiado desde entonces. Esto plantea la pregunta: ¿por qué estos dispositivos se mantienen operativos sin sancionar a los infractores?
La respuesta parece radicar en la estrategia del Ayuntamiento de Maó. Aunque no se han impuesto multas, los dispositivos han tenido un impacto positivo en la seguridad vial. Los puntos de tráfico que antes eran conflictivos han experimentado una mejora significativa, y los conductores se han acostumbrado a respetar los límites de velocidad en la Vía de Ronda, frente al antiguo polideportivo municipal y en Sant Climent. Esta disuasión ha llevado al alcalde, Héctor Pons, a afirmar que se ha alcanzado el objetivo principal de aumentar la seguridad en estas áreas.
