En el año 2022, los ciudadanos de Barcelona presentaron una demanda conjunta contra el Ayuntamiento de Barcelona, cuestionando la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)en la ciudad.
Esta medida, diseñada para abordar la creciente preocupación por la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental, se encontró con una feroz oposición legal que culminó en una decisión crucial del Tribunal Supremo.
1Antecedentes: Anulación de la ordenanza de 2019
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la ordenanza de la ZBE de Barcelona en 2019, alegando deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y un exceso en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos. Recientemente, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Àrea Metropolitana de Barcelona, confirmando así la anulación.
La demanda de los usuarios se centró en los efectos económicos y logísticos de las Zonas de Bajas Emisiones, argumentando que estas restricciones afectaban adversamente a sus actividades cotidianas, especialmente a los propietarios de vehículos que no cumplían con los estándares de emisiones establecidos.
