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Las ciudades que no tengan una Zona de Bajas Emisiones que se vayan preparando. Y es una amenaza

La permisividad que otorgó la Ley de Cambio Climático para los ayuntamientos que, estando obligados, no crearan zonas de bajas emisiones (ZBE) con restricciones del tráfico tiene visos de acabarse. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado en una de sus últimas intervenciones «penalizaciones» para los alcaldes que no avancen -o retrocedan- en movilidad sostenible, que previsiblemente irán más allá del perjuicio que supondrá que a finales de este año tengan que devolver los fondos europeos que recibieron para crear zonas de bajas emisiones, carriles bicis o peatonalizar calles. Pero ojo, también habrá «premios» para las ciudades cumplidoras.

En un mundo en el que la preocupación por el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas más sostenibles es cada vez más apremiante, las acciones de los gobiernos locales en materia de movilidad son cruciales. Puente dicta un cambio de enfoque: «Vamos a premiar a aquellos municipios que hagan un trabajo en pro de la movilidad sostenible y aquellos que no los vamos a penalizar, es la única manera de hacerlo». Sin embargo, queda por concretar la manera y la vía para llevar a cabo estas medidas.

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Las amenazas de Óscar Puente

La movilidad sostenible se erige como un llamado a la acción para enfrentar la crisis climática. Los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se reflejan en la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y otras medidas que buscan limitar el tráfico y fomentar alternativas más amigables con el medio ambiente. El discurso del ministro resuena como una advertencia a aquellos ayuntamientos que han sido renuentes o retrocedido en estas iniciativas.

Puente, en su intervención en Madrid, señala la incongruencia en la resistencia de algunas ciudades a adoptar medidas de movilidad sostenible. En un país donde la ideología a veces influye hasta en la calidad del aire, la necesidad de abordar problemas de salud y contaminación ambiental se vuelve apremiante. La amenaza de penalizaciones no solo se dirige a aquellos que no han creado ZBE, sino también a aquellos que, teniéndolas, no aplican multas o restringen las zonas peatonales de manera insuficiente.

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