En un intento de fomentar la competencia y reducir los precios de los combustibles, el Gobierno de España aprobó en 2015 una ley que permitía a pequeñas gasolineras y distribuidores actuar como las grandes distribuidoras, vendiendo combustible a otras estaciones de servicio. Sin embargo, esta medida bien intencionada se convirtió en la raíz de un fraude que persiste en la actualidad, afectando al mercado de los carburantes.
1Un fraude común en el sector
El modus operandi de este fraude es bastante simple: las pequeñas gasolineras ofrecen combustible a otras estaciones de servicio por debajo del coste real, permitiéndoles aumentar su margen de beneficio al adquirirlo a precios más bajos.
Este juego con los márgenes de beneficio se basa en el hecho de que, en el comercio de combustibles, Hacienda exige a las empresas regularizar el IVA cada tres meses. Durante este período, las pequeñas sociedades operan, venden combustible sin regularizar el IVA y, al final del trimestre, cierran sin cumplir con esta obligación fiscal.
