El reciente dictamen del Tribunal Regional de Stuttgart respecto a la instalación de dispositivos de desactivación de emisiones no autorizados en los modelos diésel GLC y GLK de Mercedes-Benz ha avivado las llamas del escándalo del ‘dieselgate’, añadiendo un nuevo capítulo a la controvertida historia de manipulación de emisiones en la industria del automóvil.
2.800 clientes de Mercedes afectados
Este fallo judicial surge como resultado de una demanda colectiva presentada hace tres años por la Federación Alemana de Organizaciones de Consumidores (VZBV). Esta iniciativa estima que hasta 2.800 personas podrían estar afectadas por estas prácticas cuestionables. La decisión del tribunal confirma las preocupaciones planteadas por la Autoridad Federal de Transporte Motorizado (KBA), que previamente había advertido sobre la presencia de estos dispositivos en los vehículos en cuestión.
El caso de Mercedes-Benz refleja un patrón preocupante que ya se había visto anteriormente en el escándalo de emisiones de Volkswagen en 2020. En ese escenario pasado la marca alemana llegó a un acuerdo millonario con los consumidores afectados, lo que marcó un precedente en la industria. Sin embargo, a diferencia de ese caso, el tribunal solo ha admitido parcialmente la demanda contra Mercedes en esta ocasión.
De momento no se contemplan indemnizaciones
Es importante destacar que, aunque el tribunal ha reconocido parcialmente las acusaciones, no se han otorgado indemnizaciones directas a los conductores afectados. En cambio, se les insta a presentar demandas individuales contra la marca y esperar a que se resuelva el recurso que Mercedes tiene previsto presentar contra el fallo. Esta situación plantea un proceso potencialmente largo y complicado para los consumidores que buscan justicia y compensación por los daños sufridos.
Mercedes apelará el fallo
Ante el dictamen del tribunal, la marca alemana ha expresado su intención de apelar la decisión, argumentando que su perspectiva legal difiere de la del tribunal y defendiendo la integridad de sus acciones. La empresa sostiene que las demandas en su contra carecen de fundamento y se compromete a hacer valer sus argumentos en instancias superiores.
Este último desarrollo en el escándalo de emisiones de la industria automotriz subraya la importancia de una supervisión regulatoria sólida y la necesidad de que las empresas asuman la responsabilidad total de sus acciones. La marca se comprometió a reducir a la mitad sus emisiones en 2030. Además, destaca la importancia de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia y la integridad en todas las prácticas empresariales.
