Si hace un par de semanas Repsol anunció el estudio de todas sus inversiones en España, ahora es CEPSA la que ha decidido mantener en ‘standby’ todas sus inversiones en proyectos relacionados con el hidrógeno verde a realizar en España. ¿Las razones de ambas? La creciente incertidumbre regulatoria y fiscal existente en España sobre este asunto, en especial debido a los rumores que apuntan a que el impuesto extraordinario del Gobierno a las empresas energéticas pueda convertirse en un gravamen de tipo permanente para las mismas.
Según fuentes de la compañía, CEPSA estaría “valorando el impacto que el incremento de la fiscalidad puede tener sobre sus cuentas de resultados si finalmente se aprueba establecer el nuevo impuesto de manera permanente”. Para la segunda compañía petrolera de nuestro país, si finalmente esto se produce “las repercusiones que ello provocaría tendrían un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos que la compañía prevé acometer en el mercado del hidrógeno, lo que forzaría a ralentizar las inversiones previstas a realizar en España y dar prioridad a las relacionadas con hidrógeno verde en otros países”.
CEPSA priorizará sus inversiones en otros mercados
Inicialmente, los planes de CEPSA contemplaban realizar el fuerte de sus inversiones en esta materia en plantas productivas de Hidrógeno Verde ubicadas en España para, en una segunda fase de su plan estrátegico “Positive Motion”, desarrollar su expansión internacional en este campo. Ahora, con la posibilidad de que el impuestazo extraordinario implantado a las energéticas se cronifique y se convierta en un nuevo impuesto regular, la compañía se plantea invertir sus prioridades, acelerando las inversiones en otros mercados antes que continuar acelerando las previstas para nuestro país.
Así, el proyecto emblemático de CEPSA para España en este campo, el denominado “Valle Andaluz del Hidrógeno Verde” que contemplaba convertir a la región sur de España en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde para Europa con el que convertir a España en un país exportador de energía sostenible con la cual descarbonizar tanto la industria, la aviación como el transporte tanto marítimo como pesado, podría verse en peligro.
3.000 millones de euros y 10.000 empleos en el aire
Mubadala, fondo soberano de Abu Dabhi, y Carlyle, fondo de inversión estadounidense, habían aprobado la inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos (tanto directos como indirectos) por parte de CEPSA en España dentro del nuevo campo de negocio que supone la producción y comercialización de hidrógeno verde que se va a expandir en estos próximos años.
Una nueva industria en la que estaba previsto que la compañía española utilizara tanto electricidad de origen renovable como aguas residuales para reducir el consumo de agua dulce y promover la economía circular. Una transformación de su negocio que la compañía considera “imprescindible” para lograr que más de la mitad de sus beneficios provengan ya de los negocios relacionados con las actividades sostenibles en 2030.
Proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil o EE.UU.
Al frenar sus inversiones en¨España, CEPSA podría dar prioridad a proyectos semejantes que ya tiene planificados y ubicados en terceros países, como pueden ser Argelia, Marruecos, Brasil o los Estados Unidos. Para ello utilizaría los recursos inicialmente previstos para el desarrollo de sus proyectos en España, dado que estos quedarían liberados por el frenazo que supone para sus planes en nuestro país la aplicación del impuesto a las compañías energéticas.
Hace 10 días el Gobierno español anunció que entre las propuestas y compromisos en materia económica para garantizar la estabilidad de las cuentas nacionales remitidos a Bruselas se contemplaba el “mantenimiento de manera permanente” de los gravámenes extraordinarios que en su día se aplicaron sobre las compañías energéticas y la banca para sacar al país de la crisis generada y la Guerra en Ucrania. Imposiciones que fueron inicialmente aprobadas para los años 2023 y 2024 y por las cuales el Gobierno ha ingresado en las arcas públicas más de 2.400 millones de euros sólo del sector energético en estos dos últimos ejercicios.
Pérdidas de 233 millones € en 2023 por el impuestazo
Junto con Repsol, CEPSA ha sido una de las compañías que en mayor medida han contribuido a dicha recaudación. Sólo en 2023, la compañía cerró el año con unas pérdidas de 233 millones en sus cuentas debido a los más de 320 millones de euros que tuvo que pagar por tal gravamen.
Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOPP), el rechazo a la medida que ahora propone el Gobierno de mantener de manera permanente el gravamen es total. CEPSA, REPSOL, GALP, BP y otras compañías del sector ya han mostrado su negativa ante la misma y han advertido al Gobierno acerca del “desaliento para las inversiones a realizar en España” que la incertidumbre sobre el horizonte fiscal del sector está produciendo en todas las operadoras del mismo. Las previsiones de inversión para la descarbonización del mismo hasta 2030 rondaban los 16.000 millones de euros, cifra que ahora podría verse en grave peligro.
La nueva posición adoptada por CEPSA es similar a la que anunció la pasada semana REPSOL por boca de su director general, Josu Ion Iman. REPSOL se decantó por invertir 15 millones de euros en el desarrollo de un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en sus instalaciones de Sines (Portugal) una decisión que viene a confirmar el anuncio realizado hace un año por la petrolera de dejar en ‘standby’ las inversiones previstas para los proyectos industriales que había previsto realizar en distintos puntos de nuestro país hasta que las condiciones económicas no fueran lo sufrientemente estables y atractivas como para poder acometerlas y garantizar la rentabilidad de las mismas.
REPSOL lo advirtió en octubre y ya invierte en Portugal
En octubre del 2023, Imaz ya advirtió al ejecutivo español que REPSOL contaba con “otras alternativas” hacia las que dirigir dichas inversiones para seguir expandiendo la internacionalización de su negocio industrial, dado que resultaban más atractivas y rentables que las que España ofrece. REPSOL mantiene en el aire inversiones superiores a los 1.500 millones de euros que, inicialmente, estaban destinadas a sus proyectos relacionados con la energía verde en Euskadi, Cataluña y Murcia.
Desde la Junta de Andalucía, su consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España se ha manifestado de forma especialmente crítica contra la continuidad del impuestazo a las energéticas y la banca que prevé llevar a cabo el ejecutivo español. “Lo veníamos advirtiendo y avisando de que algo así podía suceder”, manifestó en relación con los frenazos a la inversión anunciados por CEPSA en Andalucía.
La Junta de Andalucía frente al Gobierno español
Según la consejera andaluza, el Gobierno español “en lugar de trabajar para que llegue la inversión a nuestro país lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas”. Carolina España anunció que el Gobierno andaluz “no se va a quedar de brazos cruzados ante la decisión de mantener de manera permanente el impuestazo a las eléctricas.
Para ello, la consejera andaluza advirtió que “desde Andalucía vamos a usar todos los instrumentos legales, institucionales y sociales que hacen falta para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades sí y a otras no” con el objetivo de que “todo” el trabajo realizado por el Gobierno andaluz para “atraer riqueza, inversión y empleo” a su territorio “se pueda perder ahora por culpa de un Gobierno que está más preocupado por su propia supervivencia que por resolver los problemas de los ciudadanos”.
