El impuesto al diésel que el Gobierno planeaba introducir en abril de 2025 generó gran controversia en el ámbito político y social. Sin embargo, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados decidió frenar la propuesta, aplazando la subida de 11 céntimos por litro que habría afectado a millones de conductores. Esta decisión deja en suspenso una de las medidas fiscales más relevantes del Ejecutivo, generando dudas sobre el futuro de la reforma tributaria y los compromisos climáticos de España.
1El plan que no se concretó
La propuesta de aumentar el impuesto al diésel formaba parte de un paquete fiscal orientado a cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Bruselas había condicionado la entrega de 6.500 millones de euros en fondos adicionales al cumplimiento de estas reformas.
El incremento habría supuesto un gasto anual adicional de unos 200 euros para quienes recorren 20.000 kilómetros al año, afectando especialmente a familias y profesionales del transporte. Además de su objetivo recaudatorio, la medida pretendía fomentar la descarbonización penalizando el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, las tensiones internas entre los socios del Gobierno llevaron a su rechazo en el Congreso.
