El canciller alemán, Olaf Scholz, ha expresado su preocupación en relación a las multas establecidas por la normativa europea ‘CAFE’, que pretenden regular las emisiones de los vehículos a partir del 1 de enero de 2025. Esta normativa se enmarca dentro de un contexto más amplio que culminará con la prohibición de la venta de coches de combustión en la Unión Europea desde 2035. Scholz sostiene que «el dinero debe permanecer en las empresas para la modernización de su propia industria», sugiriendo que estas sanciones podrían tener un efecto adverso en la salud económica de las mismas.
La respuesta del Gobierno alemán ante la crisis del mercado automovilístico
Disposición a suspender las multas
El vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, ha manifestado su disposición a considerar una suspensión temporal de las multas si los fabricantes de automóviles logran compensar sus límites de emisiones superando los objetivos fijados para 2026 y 2027. Esta propuesta ha suscitado críticas, pues algunos analistas opinan que simplemente aplaza el problema sin ofrecer soluciones efectivas a la desaceleración del mercado automovilístico europeo.
La situación del vehículo eléctrico
La caída de las ventas de coches eléctricos ha complicado aún más el cumplimiento de los objetivos de emisiones fijados por la normativa. Habeck se comprometió a que el Gobierno alemán sería pragmático en su enfoque hacia la transición energética, evaluando cuidadosamente cómo implementar las nuevas normativas sin perjudicar a la industria local.
Retos en la implementación de la normativa ‘CAFE’
Objetivos ambiciosos vs. realidad del mercado
Según la normativa debatida por la Comisión Europea, las emisiones promedio de los coches nuevos matriculados en 2025 deben ser un 15% inferiores respecto a 2021. Sin embargo, como ha señalado la patronal de los fabricantes alemanes (VDA), existe un abismo entre los «ambiciosos objetivos» políticos y la realidad del mercado actual. A pesar de que la industria ha invertido más de 410.000 millones de euros en investigación y adaptación hacia vehículos eléctricos hasta 2028, los resultados tangibles aún son limitados.
El clamor por la flexibilidad en las normativas
Impacto en la industria automovilística
La VDA ha solicitado que se eviten más sanciones en un momento crítico para la industria. «En vista de la difícil situación económica, la falta de demanda de movilidad eléctrica por parte de los consumidores, y las condiciones aún inadecuadas, se deben evitar más cargas por posibles multas en 2025», han declarado. La organización advierte que de no actuar, la industria podría sufrir un daño irreparable.
Una perspectiva europea frente a las sanciones
Recientemente, Francia y Alemania han comenzado a buscar un frente común contra la Comisión Europea para evitar la efectiva implementación de estas sanciones. Se estima que las multas podrían tener un impacto en la industria automovilística europea de entre 10.000 y 16.000 millones de euros, aunque algunos expertos consideran que esta cifra podría ser mucho menor, situándola en torno a 5.100 millones de euros.
La posición de los países del este de Europa
No solo Alemania y Francia están planteando sus preocupaciones. Italia ha defendido la necesidad de modificar las políticas climáticas europeas, argumentando que las actuales regulaciones están afectando negativamente a su industria. A su vez, varios países del este de Europa, como Rumanía y la República Checa, también están levantando la voz en contra de la estricta hoja de ruta de electrificación que plantea la Unión Europea.
Rumanía: Un caso destacado
Rumanía, que no cuenta con vehículos eléctricos de batería en su catálogo, salvo por algunas excepciones, ha señalado que las políticas de electrificación son demasiado agresivas. En este sentido, la situación económica local y las limitaciones del mercado eléctrico han llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de estas regulaciones.
