La Dirección General de Tráfico (DGT) va a investigar la vandalización de radares en diferentes localidades de España. En concreto son siete los detectores de velocidad que se han visto afectados por los destrozos de manera constante y continuada en una acción que, según el organismo que dirige Pere Navarro, no solo atenta contra el patrimonio público, sino que también compromete la seguridad vial.
La DGT ha hecho pública una nota de prensa anunciando esta investigación, que se centra en dos dispositivos de medición de la velocidad ubicados en la Comunidad de Madrid, otros dos en Castilla y León, dos más en Castilla-La Mancha y el último en la Comunidad Valenciana. La vandalización de radares se considera un delito de daños según el Código Penal español. Este delito está tipificado en los artículos del 263 al 267, que establecen las acciones que pueden provocar un perjuicio al patrimonio ajeno.
La DGT denunciará a los autores
La DGT va a emprender acciones legales contra los autores de los delitos, que conforme al artículo 263.2 del Código Penal, pueden enfrentarse a un tipo agravado del delito de daños que prevé una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses en determinadas circunstancias, que indican la intención del autor de causar un perjuicio más grave.
Estos agravantes se aplican especialmente cuando: “los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes”.
Además de las posibles penas de cárcel, los autores tendrán que asumir el coste de cada uno de los dispositivos destrozados. Cada uno de los radares fijos tiene un coste aproximado de 67.000 euros, mientras que los de tramo ascienden a unos 66.000 euros.
Refuerzo de la vigilancia
La vandalización de radares tiene repercusiones que van más allá del daño material según afirma el organismo de tráfico. Ya que el objetivo principal de estos dispositivos es prevenir accidentes y garantizar que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos, el daño a estos puntos de control, también puede atentar contra la seguridad vial y poner en riesgo la integridad de todos los usuarios de la vía.
En este sentido, la DGT argumenta que entre el 10 y el 15% de todos los accidentes de tráfico y el 30 % de los siniestros viales mortales son el resultado directo de una velocidad excesiva o inapropiada, según los datos recopilados en el Informe temático sobre seguridad vial dedicado a la velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021 y por el informe de Gestión de Velocidad del Centro de Investigación del Transporte (ITF).
Este informe establece que la gestión de la velocidad, debe incluir, entre otras medidas, la vigilancia policial y el control automático de velocidad con aquellos instrumentos que lo permitan y que abarquen a todos los usuarios de las vías (incluyendo a conductores extranjeros) y el desarrollo de control de secciones (control de velocidades medias en secciones de una vía), de ahí que recomiende a los distintos países seguir fomentando su uso.
Además de la investigación puesta en marcha por la DGT, la preocupación por el estado de los radares ha llevado a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con los agentes de Seguridad Ciudadana, a reforzar la vigilancia en los puntos específicos donde están instalados los radares vandalizados. Esta acción incluye no solo patrullas frecuentes, sino también la implementación de cámaras de vigilancia que están conectadas directamente con los Centros de Gestión de la DGT, con el fin de detectar posibles sabotajes en el momento y permitir la actuación inmediata de las patrullas de la Guardia Civil para localizar de forma rápida a los autores.
