Los derechos constitucionales pueden valer poco, al menos en Ann Arbor, Michigan. Tras una demanda colectiva que desató un debate sobre los límites de las prácticas policiales, el ayuntamiento acordó el pago simbólico de un euro a cada persona que haya sido afectada por el uso de tiza para controlar el estacionamiento. La decisión se produce luego de un fallo judicial que determinó que dicha práctica constituye una “búsqueda” según la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU.
La historia comenzó en abril de 2019, cuando Sean Yannotti presentó una demanda colectiva después de que la policía marcara con tiza la llanta de su coche como parte del control de estacionamiento en la ciudad. Yannotti alegó que esta acción violaba sus derechos a estar libre de registros e incautaciones sin orden judicial. Apenas 16 días después, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito le dio la razón y sentó un precedente: marcar neumáticos con tiza es un registro ilegal.
La práctica de marcar las ruedas fue suspendida, y deben pagar un euro por cada caso documentado
Este fallo supuso un golpe para muchas ciudades que utilizan este método como forma sencilla y económica de hacer cumplir las normas de estacionamiento. En el caso de Ann Arbor, la práctica fue suspendida inmediatamente, pero las consecuencias legales no se hicieron esperar. La demanda colectiva abierta en el tribunal federal reclamaba no solo el reembolso de las multas impuestas, sino también una compensación por daños y perjuicios.
Ante la posibilidad de un litigio largo y costoso, el ayuntamiento optó por una solución pragmática: pagar un euro por cada caso documentado. Esta cifra puede parecer irrisoria, pero permite a la ciudad cerrar el capítulo sin admitir culpa formal y sin afrontar indemnizaciones más elevadas, como los 70 euros que se buscaban originalmente por persona, equivalentes a la multa que recibió Yannotti.
Por supuesto, las criticas por el irrisorio pago de un euro, no se hicieron esperar
No obstante, este acuerdo ha sido recibido con críticas por su valor simbólico, un mísero euro. Muchos cuestionan si este tipo de soluciones disuade realmente a las autoridades de repetir prácticas que vulneren los derechos ciudadanos. Para los defensores de las libertades civiles, el caso deja una lección clara: incluso las acciones más rutinarias de la policia deben estar sujetas a escrutinio legal y constitucional.
El resultado, aunque modesto en lo económico, tiene implicaciones jurídicas importantes. El fallo del Sexto Circuito puede ahora servir de referencia para futuras demandas en otras jurisdicciones, donde el control del estacionamiento podría enfrentarse a nuevas restricciones. Mientras tanto, los habitantes de Ann Arbor pueden reclamar su euro… y reflexionar sobre cuánto realmente valen sus derechos.
