Este iba a ser un editorial optimista sobre lo mucho que se puede disfrutar conduciendo un vehículo por nuestra geografía, pero a la vista del creciente runrún de los peajes de pago por circular, dejo esta parte lúdica para mejor ocasión. El asunto viene de lejos y está alimentado por la posverdad de administraciones, organismos y empresas que al amparo de engañifas como “quien contamina, paga” o “quien usa, paga”, quieren obligar a los automovilistas a apoquinar un peaje por circular por las autovías y autopistas nacionales.
El razonamiento, aparentemente altruista, es el mantenimiento de una red viaria cada vez más deteriorada e insegura que acumula un déficit en reparaciones de 9.456 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera. Un dato que confirman la Asociación de Empresas de Conservación (Acex), y añaden que el gasto público anual debería estar en el entorno de los 4.000 millones de euros. Una cantidad que se aleja de forma notable de los 1.500 millones de euros de unos Presupuestos Generales del Estado que están, y previsiblemente lo seguirán estando prorrogados. Un sombrío panorama al que tenemos que añadir las declaraciones de un errabundo ministro de Transportes, que se sube al carro de las grandes constructoras y considera que las carreteras deben sufragarse vía impuestos especiales a los usuarios, tal y como ocurre en otros países de la Unión Europea.
Una realidad para tener en consideración, si no fuera porque los usuarios de la movilidad pagamos entre impuestos directos, indirectos y diferentes tasas, la friolera de 30.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado. También es difícil de entender cómo estos defensores de la seguridad se preocupan tanto de las vías de gran capacidad y olvidan las carreteras secundarias, donde según la Dirección General de Tráfico, se producen el 78 por ciento de los accidentes mortales. De la misma forma que resulta difícil de entender que los conductores que carecen de menos recursos económicos tengan que circular por estas carreteras mientras que los mas pudientes lo hagan en otras condiciones. Las carreteras, como los caminos, han sido, son y deben seguir siendo, bienes públicos que resulten accesibles y seguros para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan o el nivel económico que tengan.
Por eso, el Gobierno, utilizando una pequeña parte de esos 30.000 millones de euros, tiene la obligación y responsabilidad de mantener y conservar las carreteras en beneficio y seguridad de todos los españoles. Lo contrarios será un “pillaje” injusto que penaliza a unos usuarios que tendrán que pagar de nuevo por algo que ya han pagado con creces vía impuestos.
