La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y los sindicatos CC.OO. y UGT han firmado un documento que incluye 17 medidas para impulsar la movilidad eléctrica.
Entre otras acciones, estas entidades reclaman al Gobierno «un modelo de movilidad único para España, centrado en la persona y que, a la vez, cumpla los objetivos de descarbonización manteniendo la posición estratégica de la industria de la automoción». Además, proponen una política industrial que refuerce las deducciones fiscales a la I+D+i y las inversiones relacionadas con la movilidad eléctrica, sostenible o conectada.
En materia de fiscalidad reclaman que esté «más orientada al uso, que premie y a la vez incentive la compra de vehículos eléctricos, pero sin penalizar la compra de un vehículo nuevo independientemente de su tecnología, pues esa compra supone renovación de parque, hacia uno más limpio y eficiente. Esta reforma debería ser «una oportunidad para impulsar la renovación del parque con vehículos electrificados y tecnológicamente más eficientes, contribuyendo a la descarbonización del parque, manteniendo el empleo y la riqueza que el sector aporta a nuestro país», añaden.
En este sentido, también recogen la necesidad de que en España haya una «fiscalidad atractiva» que fomente la innovación de productos y procesos y el desarrollo industrial para acercarse «al resto de países europeos». Así, solicitan al Gobierno que refuerce las deducciones fiscales por I+D+I y a la inversión industrial con elementos como la amortización anticipada para inversiones relacionadas con la movilidad eléctrica.
Hacia una industria centrada en la movilidad sostenible
Entre las medidas, las cuatro organizaciones proponen que el sector de automoción se considere prioritario, ya que supone el 10% del PIB nacional, origina el 15% de toda la recaudación fiscal nacional y conforma el 9% del empleo nacional a lo largo de toda la cadena de valor.
En este aspecto, explican que «las distintas medidas públicas, tanto nacionales como autonómicas y locales, en materia de política industrial tienen que ser fruto de amplios consensos y del impulso del diálogo social, considerando además el carácter preferencial y estratégico del sector de automoción, y traduciéndose en políticas concretas acompañadas de las necesarias partidas económicas, fondos y subvenciones».
Además, reclaman un programa de inversión de la industria de la automoción «permanente» y que las políticas públicas se articulen para retener y atraer inversiones para el sector de la automoción convirtiéndose en palanca para fomentar la reindustrialización de los diferentes territorios atrayendo el conjunto de la cadena de valor de la movilidad sostenible a nuestro país. «Más que una industria, el sector de la automoción debe ser un proyecto de país dada su alta relevancia para la economía española y para el modelo de desarrollo social gracias a sus aportaciones al empleo, a la fiscalidad y al PIB», concluyen.
Más velocidad para el Moves y más puntos de carga
Otra de las propuestas en las que inciden estas cuatro entidades es la consideración de la movilidad sostenible como un «eje estratégico de la política industrial». Además, consideran que, tras un año de funcionamiento del Moves III, «que tiene una elevada dotación, enfoque plurianual y está mejor diseñado que sus antecesores, es el momento de aumentar la velocidad de utilización de estos fondos y, por lo tanto, mejorar su eficacia».
También hacen especial hincapié en la necesidad de que en España se multiplique por 25 el número de puntos de recarga para vehículos eléctricos, que actualmente se sitúa en torno a 15.000, para llegar hasta los 340.000 que hacen falta para los cinco millones de automóviles electrificados que se prevén en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, de cara a 2030.
La Mesa de Automoción y el empleo en movilidad
Las cuatro organizaciones firmantes también urgen al Gobierno a que reactive la denominada ‘Mesa de la automoción’ con un calendario recurrente de reuniones y un plan de trabajo. «Debe ser un espacio clave para trabajar sobre el empleo, la innovación, la competitividad y la exportación, fortaleciendo la posición competitiva de nuestro país para mantener la relevancia mundial de España como fabricante de vehículos y sus componentes», señalan.
En cuanto al empleo, recuerdan que este sector da trabajo a dos millones de personas y, por tanto, «se debe priorizar, por encima de todo, el mantenimiento de este empleo, y se deben impulsar medidas públicas orientadas a este objetivo, en un momento tan disruptivo».
Por eso, consideran necesario poner en marcha varios planes: un plan específico de recualificación y fomento de la formación en nuevas tecnologías, digitalización y producción de medios de transporte sostenibles, un plan de igualdad para fomentar el empleo femenino en el sector e impulsar los perfiles STEM (científico, tecnológico, de ingeniería y de matemáticas) para actuar contra las brechas de género y un plan de empleo joven para formar a las profesionales del futuro en materia de movilidad sostenible.
