Las 10 ciudades españolas más pobladas recaudaron el pasado año 360 millones de euros por multas de circulación para una población total de unos 9 millones de habitantes y algo más de 5,5 millones de vehículos. Esto supone solo 80 millones menos que lo recaudado por la DGT para toda España en 2021 (excepto Cataluña y País Vasco), que fueron 440 millones de euros para una población de 47 millones de personas y 35 millones de vehículos.
Son las llamativas cifras que destaca un estudio realizado por Dvuelta, empresa de servicios jurídicos especializada en la gestión de recursos de multas de tráfico. Informe que constata que, más de la mitad de este dinero, 199,3 millones de euros, corresponde a Madrid, la ciudad que más recauda por vehículo y habitante y que multiplica prácticamente por diez la recaudación por coche respecto a la DGT.
Las multas se han convertido en una incesante fuente de ingresos para las administraciones municipales, que «han ido incorporando a su menú infracciones que antes no existían y nuevas ordenanzas que solo buscan aumentar la recaudación», explican los autores del informe.
4¿Aumentan las multas la seguridad vial?
¿Las multas mejoran la seguridad y, por tanto, “cuantas más, mejor”, o son esencialmente para recaudar? Los autores del informe de Dvuelta concluyen tajantemente que «no es la seguridad vial, es el dinero».
En este sentido, se destaca que los ayuntamientos han ido añadiendo a lo largo de los años distintos tipos de multas. Primero fueron las áreas de estacionamiento regulado, que se han puesto en cuestión con sentencias judiciales. Después llegaron los radares de velocidad y dispositivos foto rojo en semáforos, a la par que se establecían calles con limitaciones de 30 o 20 km/h donde, por supuesto, se ubican los radares.
La última incorporación al catálogo de medidas sancionadoras viene de la mano de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). «El cambio climático es la (pen)última excusa para meterse en el bolsillo del conductor», concluye el estudio, añadiendo que la legalidad de las ZBE está en entredicho desde el minuto uno de su puesta en marcha: Dvuelta ya tumbó judicialmente en su día el Madrid Central del Ayuntamiento capitalino, y, más recientemente, ha conseguido el mismo resultado con la Ordenanza Municipal de la ciudad de Gijón. «E irá recurriendo las de nuevas poblaciones de más de 50.000 habitantes que las pongan en marcha», avisan.
