Madrid es la ciudad española que más dinero ingresa por multas de circulación, con mucha diferencia con el resto de municipios. Pero es que, además, muchas de estas multas podrían ser irregulares ilegales. Así lo denuncia AEA (Aumovilistas Europeos Asociados), que ha reclamado al alcalde de Madrid la revisión y cancelación de cerca de 2,5 millones de expedientes sancionadores por un importe económico superior a los 400 millones de euros, al haberse detectado «graves irregularidades en su tramitación», explican.
En concreto, esta asociación de defensa de los automovilistas cifra en un total de 2.477.817, los expedientes por multas tramitados en los dos últimos años contra miles de conductores madrileños que podrían ser irregulares o ilegales.
Defectos en las notificaciones de las multas
Según recoge AEA en su petición al consistorio madrileño, el primer grupo de multas que deben ser anuladas son un total de 1.260.646 expedientes sancionadores tramitados por el ayuntamiento entre abril y septiembre del 2023, con graves defectos en las notificaciones a los interesados. Estas irregularidades ya las reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid «en la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 25 de marzo contra la empresa encargada del servicio RD Post Comunicación Certificada S.L», dicen.
En la denuncia a la que alude AEA, el Ayuntamiento reconoce que en la primera actuación revisora realizada por el IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid), se detectaron irregularidades en las notificaciones de dos de cada tres expedientes de multas inspeccionados (62,33%) y señala que “la falta de notificación podría determinar la caducidad de los procedimientos sancionadores que se traducirá en que por parte del Ayuntamiento de Madrid no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación.”
En este sentido, AEA considera que si el Ayuntamiento ya reconoce en su denuncia ante la Fiscalía que “no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación” y, en base a ello reclama a la empresa concesionaria el daño causado, no puede continuar con la tramitación y cobro de las multas, incluso mediante el embargo de cuentas bancarias.
Multas ilegales impuestas por la ZBE
El segundo grupo de expedientes de multas que a juicio de Automovilistas Europeos Asociados tendrían que ser anulados son las sanciones formuladas desde marzo de 2023 de accesos a la Zona de Bajas Emisiones. El motivo por el que se pide la anulación es que el ayuntamiento de Madrid ha calificado estas multas como infracciones graves y ha impuesto a los conductores sanciones económicas de 200 euros, cuando en realidad se tratan de infracciones leves, «no pudiéndose imponer sanciones superiores a 100 €, como reiteradamente le vienen recordando los tribunales», explican.
Descontando los expedientes irregulares incluidos en el apartado anterior por no haberse notificado debidamente hay otros 1,2 millones de multas. En concreto, habría 732.511 de sanciones por acceder sin autorización a Distrito centro, otros 341.894 de conductores multados por acceder a la Plaza Elíptica y otros 133.918 por acceder al interior de la M-30.
A los anteriores habría que sumar las denuncias formuladas por las cámaras situadas en el kilometro 5 de la A-3 en 2024 que, a pesar de encontrarse en el exterior de dicho anillo y hasta julio de este año no debían sancionar, han estado formulando ilegalmente a miles de conductores durante el primer semestre.
Multas por excesos de velocidad inexistentes
Por otro lado, desde AEA también consideran irregulares las multas impuestas en la Avenida de la Victoria (antigua carretera de El Plantío), por unos supuestos excesos de velocidad que no se produjeron, al no existir en dicho lugar ningún límite de velocidad a 30km/h, como sostenía el Ayuntamiento y los servicios jurídicos de AEA ya denunciaron en su momento y los tribunales les dieron la razón.
Para, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, el alcalde debe intervenir rápidamente para solucionar los problemas con estas multas y recuerda a José Luis Martínez Almeida que lo hada dada “la convicción de que el gobierno municipal que preside no persigue una finalidad recaudatoria de centenares de miles de sanciones impuestas de forma irregular a los conductores madrileños, ni pretende crear un problema social a miles de familias que no pueden asumir deudas multimillonarias por multas de circulación de dudosa legalidad.”
