En los últimos meses, más de 2.000 gasolineras en España han estado vendiendo diésel a precios sospechosamente bajos. Expertos del sector han señalado a estas estaciones, que representan casi el 20% del total del país, como puntos de venta de gasóleo de origen presuntamente fraudulento. Ante la creciente preocupación por este tipo de estafa, ligada a prácticas de evasión de impuestos, el Gobierno ha anunciado nuevas medidas para controlar la situación. Sin embargo, los efectos en la venta de carburantes ya han generado importantes alteraciones en el mercado.
4La reacción de las grandes petroleras
Agrupadas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), las grandes petroleras valoran positivamente el Decreto-ley, pero solicitan al Gobierno que tome medidas más contundentes. Estas empresas, que incluyen a Repsol, BP, Cepsa y Galp, consideran que la situación es insostenible y afecta no solo a la competitividad del mercado, sino también a los ingresos del Estado.
Las petroleras denuncian que las redes fraudulentas no solo evaden el pago de impuestos, sino que también incumplen otras obligaciones sectoriales, como el uso de biocarburantes y las tasas de eficiencia energética. Los precios del combustible en España parecen ocultar un problema profundo de incumplimientos fiscales y normativos que afectan al conjunto del mercado.
