En los últimos meses, más de 2.000 gasolineras en España han estado vendiendo diésel a precios sospechosamente bajos. Expertos del sector han señalado a estas estaciones, que representan casi el 20% del total del país, como puntos de venta de gasóleo de origen presuntamente fraudulento. Ante la creciente preocupación por este tipo de estafa, ligada a prácticas de evasión de impuestos, el Gobierno ha anunciado nuevas medidas para controlar la situación. Sin embargo, los efectos en la venta de carburantes ya han generado importantes alteraciones en el mercado.
6Las consecuencias económicas del fraude
Las consecuencias de la estafa en la venta de carburantes van más allá de la competencia desleal. Según Hacienda, el fraude fiscal en los hidrocarburos alcanzó los 700 millones de euros en 2022, lo que supone un importante golpe a la recaudación del Estado. Estas prácticas no solo afectan a las grandes petroleras; también a los consumidores, que acaban pagando precios más altos para compensar las pérdidas.
Además, el incumplimiento de las obligaciones sectoriales, como en el uso de biocarburantes, ha generado un déficit de 95 millones de euros en el Fondo de Eficiencia Energética que deberá ser cubierto por el resto de operadores. Esto, a su vez, se traduce en un encarecimiento del combustible para el consumidor final; a la postre, el mayor perjudicado por los intermediarios ilegales.
