El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el encargado de presentar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado, que fue refrendado en la primera reunión del recién estrenado Consejo de Ministros. Este plan conllevará una inversión pública de 4.300 millones de euros (procedentes en su mayor parte de los fondos europeos), a los que esperan sumar más de 19.700 millones de inversión privada, hasta alcanzar los 24.000 millones de euros.
El objetivo del Gobierno es crear en nuestro país un ecosistema para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados y convertir a España en un hub europeo de electromovilidad. Según Sánchez, «con esta inversión para impulsar el vehículo eléctrico creemos que el sector puede aumentar hasta un 15% su peso en el PIB para 2030″.
Un plan que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha calificado como un «proyecto estratégico e hito histórico» para la industria de automoción y que se prevé genere unos 140.000 puestos de trabajo y un incremento en el PIB de hasta el 1,7%.
Un sector estratégico
El Gobierno ha pensado en el automóvil para sacar adelante el primer plan PERTE porque considera que es un sector estratégico de la economía española, «con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y el empleo directo e indirecto y su aportación a la balanza comercial». Representa el 11% del PIB, supone el 15% del total de las exportaciones y genera más de 2,5 millones de puestos de trabajo.
Según la ministra Maroto, del total de la inversión, 3.000 millones de euros se destinarán a la fabricación de nuevos modelos eléctricos e híbridos en plantas adaptadas al objetivo de neutralidad climática (previsto para el año 2050). Otros 40 millones serán para promover un plan tecnológico en el sector, (cuya convocatoria se ha abierto ayer). La tercera parte se destinará a la formación de los trabajadores y un cuarto montante, a facilitar el acceso a los vehículos eléctricos a los compradores. El objetivo es que en 2023 haya en circulación 250.000 vehículos eléctricos y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga en toda la red.
Para impulsar el plan se creará una alianza público-privada a través de la Mesa de la automoción -en la que están representados Gobierno, comunidades autónomas, asociaciones empresariales y sindicatos- y de un grupo interministerial que reúna a los siete departamentos implicados. También estarán representados sectores como el tecnológico o el energético.
El Grupo VW quiere participar
El Grupo Volkswagen ya ha anunciado que solicitará al Gobierno participar en el PERTE. VW tiene previsto poner en marcha el proyecto Future: Fast Forward, que incluye la construcción de una fábrica de baterías en nuestro país, con lo que, después de Suecia y Alemania, España podría convertirse en la tercera ubicación de una de las seis gigafactorías de Europa. Además, también se plantea la fabricación en España de la familia de automóviles Small BEV.
«España podría convertirse en un pilar estratégico de nuestra estrategia eléctrica. Estamos dispuestos a establecer toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica en el país, incluida la producción de vehículos eléctricos, así como sus componentes, y una nueva fábrica de baterías del Grupo. Dependiendo del contexto general y del apoyo por parte del sector público, a partir de 2025 la familia Small BEV podría fabricarse en España», ha explicado Herbert Diess, CEO del Grupo Volkswagen.
