Desde que Pere Navarro asumió el cargo de Director General de Tráfico en 2018, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha enfrentado una serie de problemas en la gestión de sus cuentas anuales. Estas dificultades no solo han puesto en duda la capacidad del organismo para manejar su presupuesto, sino que también han generado tensiones con el Ministerio de Hacienda. La situación se ha agravado hasta el punto de que, en 2023, las cuentas de la DGT fueron nuevamente suspendidas, generando un enfrentamiento directo con las autoridades fiscales.
3La auditoría como evidencia del caos
Los informes de auditoría de los últimos años son un claro reflejo del caos administrativo que reina en la DGT. La auditoría de 2023 destaca que solo un 10 % de los bienes están debidamente inventariados y completamente documentados. El resto, que representan más de 700 millones de euros, carecen de la documentación adecuada, lo que impide verificar su existencia o propiedad.
Estas deficiencias no solo representan una amenaza a la integridad financiera de la DGT, también ponen en riesgo el patrimonio público. La falta de control y de transparencia en la gestión de los bienes ha sido tema recurrente en las auditorías, pero las medidas correctivas han sido insuficientes o inexistentes. Ello ha llevado a una pérdida de confianza en la capacidad de la DGT para gestionar sus recursos y ha generado una creciente tensión con Hacienda, que exige una rendición de cuentas más estricta.
