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Las 9 autopistas de peaje que llevan 10 años sin ganar un solo euro

Hace una década, en 2014, el Estado español rescató nueve autopistas que estaban al borde de la quiebra. Estas carreteras, que nacieron bajo la promesa de descongestionar las grandes vías y fomentar el crecimiento económico, han recorrido un largo y accidentado camino desde su construcción. Lo que se planteaba como un éxito en la infraestructura del país, terminó siendo un lastre financiero que sigue afectando las arcas públicas, dejando en duda la viabilidad de las autopistas de peaje en España.

Para muchos conductores, el uso de estas autopistas puede ser algo accidental. A veces, el usuario se da cuenta demasiado tarde de que ha entrado en una carretera de peaje, solo para verse sorprendido con un cobro inesperado. Lo curioso es que, a menudo, estas carreteras están casi vacías, mientras que las alternativas gratuitas están llenas de tráfico. Esta situación refleja un problema estructural que ha afectado a las autopistas desde su creación y que sigue sin resolverse.

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Un rescate con expectativas incumplidas

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Las autopistas rescatadas fueron construidas entre 1999 y 2004, bajo la gestión del gobierno de José María Aznar y con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento. En ese momento, se pensaba que estas infraestructuras ayudarían a descongestionar el tráfico y facilitarían el acceso rápido a las grandes ciudades. Sin embargo, la realidad económica cambió bruscamente con la crisis financiera de 2008, que provocó una fuerte caída en el tráfico de estas carreteras, haciendo que varias de ellas se volvieran insostenibles.

En un intento por evitar su colapso total, el Estado intervino a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT), que tomó el control de estas vías. Desde entonces, han transcurrido diez años en los que el tráfico sigue siendo escaso y los beneficios no se han materializado. De hecho, según proyecciones recientes, estas autopistas solo generarán unos 1.000 millones de euros hasta 2032, una cantidad insuficiente para cubrir los costes de mantenimiento y, mucho menos, generar beneficios para las arcas públicas.

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