La implementación de las Zonas de Bajas Emisiones ha generado un conflicto entre los ayuntamientos, el gobierno de España y la DGT. Aunque algunas ciudades han logrado activar estas zonas, la mayoría ha experimentado retrasos en su implementación.
Una vez pasado el periodo electoral municipal, se espera que muchos ayuntamientos pongan en marcha su plan de movilidad sostenible, delimitando un área de sus ciudades como Zona de Bajas Emisiones. Sin temor a las consecuencias electorales, muchos consistorios aprovecharán para poner en marcha una medida comprometida con el medio ambiente, y también con las arcas municipales, que tendrán en estos proyectos una notable fuente de ingresos.