Un total de 547 días ha pasado desde que entró en vigor la obligatoriedad de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios españoles con más de 50.000 habitantes. Este lunes, terminó la prórroga para adaptar las ya existentes a la nueva legislación estipulada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, un año y medio después, solo 23 de los 151 ayuntamientos afectados han cumplido con esta normativa. Esta situación refleja un retraso significativo en la implementación de medidas cruciales para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
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A pesar de la normativa, muchas administraciones locales no están tomando en serio la implementación de las ZBE. De los 151 municipios obligados, pocos han cumplido a tiempo y muchos han pedido continuas prórrogas. Las organizaciones ecologistas denuncian la falta de sanciones para los ayuntamientos incumplidores. Quílez sugiere que «si a nosotros como ciudadanos nos ponen multas por incumplir, ¿por qué no a los ayuntamientos?».
El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio en varias categorías de municipios. Algunos no han comenzado los trámites para declarar las ZBE, mientras que otros, a pesar de haber iniciado la tramitación, aún no las han aprobado. En un tercer grupo se encuentran los municipios donde la implantación de las ZBE se ha paralizado o revertido. Estos ayuntamientos podrían tener que devolver las ayudas europeas recibidas para la implantación de ZBE si no cumplen con los compromisos.
