La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España: el país debe aplicar inmediatamente la nueva normativa sobre estándares y viñetas. Este marco legal, conocido como la Directiva de la Euroviñeta, debía entrar en vigor en marzo de 2024, pero hasta la fecha, España no ha cumplido con su transposición a la legislación nacional. Bruselas no está dispuesta a conceder más tiempo. Si en los próximos dos meses no se adoptan las medidas necesarias, el caso podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Directiva Euroviñeta busca establecer un sistema homogéneo en toda la Unión Europea para financiar las infraestructuras de transporte por carretera. Esta normativa introduce tarifas basadas en la distancia recorrida (peajes) y el tiempo de uso (viñetas), permitiendo a los Estados miembros recuperar los costos asociados a la construcción, operación y mantenimiento de las carreteras. Además, incluye una novedad: las tasas estarán vinculadas a las emisiones de CO₂ de los vehículos, con el objetivo de incentivar tecnologías más limpias y reducir el impacto ambiental del transporte.
1Un debate polémico en España
El tema de los aduanas ha sido recurrente y controvertido en España. En 2021, el Gobierno ayudó a estudiar la implementación de un sistema de pago en las autovías como parte del Plan de Recuperación presentado a Bruselas. El objetivo era no solo cumplir con las exigencias europeas, sino también afrontar el déficit acumulado en el mantenimiento de las carreteras, estimado en más de 9.000 millones de euros. Sin embargo, la idea generó un intenso rechazo social y político, y hasta ahora no se ha definido un modelo concreto.
Con la modificación de la Directiva (UE) 2022/362, el alcance de la normativa se amplía para incluir a turismos, autobuses, autocares y pequeños vehículos pesados, que antes no estaban afectados. Esto aumenta la complejidad de su aplicación en España, donde el concepto de pagar por el uso de las autovías sigue siendo un tema espinoso. Según la Comisión Europea, la falta de acción no solo pone en riesgo los objetivos ambientales y económicos de la directiva, sino también los compromisos adquiridos por España en el marco de los fondos europeos.
