La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España: el país debe aplicar inmediatamente la nueva normativa sobre estándares y viñetas. Este marco legal, conocido como la Directiva de la Euroviñeta, debía entrar en vigor en marzo de 2024, pero hasta la fecha, España no ha cumplido con su transposición a la legislación nacional. Bruselas no está dispuesta a conceder más tiempo. Si en los próximos dos meses no se adoptan las medidas necesarias, el caso podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La Directiva Euroviñeta busca establecer un sistema homogéneo en toda la Unión Europea para financiar las infraestructuras de transporte por carretera. Esta normativa introduce tarifas basadas en la distancia recorrida (peajes) y el tiempo de uso (viñetas), permitiendo a los Estados miembros recuperar los costos asociados a la construcción, operación y mantenimiento de las carreteras. Además, incluye una novedad: las tasas estarán vinculadas a las emisiones de CO₂ de los vehículos, con el objetivo de incentivar tecnologías más limpias y reducir el impacto ambiental del transporte.
2Costes ambientales en el centro del debate
Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es la inclusión de los costes ambientales en las tarifas. Esto significa que los Estados miembros deben incorporar en sus sistemas de peajes los gastos asociados a la contaminación atmosférica y las emisiones de CO₂. En otras palabras, los vehículos más contaminantes pagarán más por usar las infraestructuras de transporte. Este enfoque busca desincentivar el uso de tecnologías obsoletas y fomentar la transición hacia un parque automovilístico más limpio.
España, que se ha comprometido a liderar la transición energética en Europa, se enfrenta a un dilema. Por un lado, la implementación de estas tarifas podría acelerar la adopción de vehículos eléctricos y menos contaminantes. Por otro, el Gobierno teme el rechazo de una población que ya siente la presión de los altos costes de la vida. En un contexto de incertidumbre económica, cualquier medida que implique un costo adicional para los ciudadanos es vista con recelo.
