Nos encontramos en una época en la que el concepto de «carreteras gratis» ha sido el anhelo de muchos ciudadanos españoles. El gobierno prometió liberar gradualmente las carreteras de bienestar en España, en la medida que fueran expirando las concesiones. Esto llevó a un entusiasmo generalizado, especialmente tras la eliminación de embarques en tramos de autopistas como la AP-1, AP-2 y la AP-7.
Sin embargo, la realidad que enfrentamos hoy en día es muy diferente y menos esperanzadora. Las recientes declaraciones tanto de autoridades autonómicas como del gobierno central han dejado claro que la gratuidad total de las autopistas es un sueño inalcanzable por razones que van más allá de la mera voluntad política.
1Un estado que no puede financiar las carreteras
El costo de mantener una red de carreteras segura y moderna es enorme. Aquí es donde ingresan los modelos de financiación a través de peajes. Las carreteras requieren un mantenimiento constante, desde la reparación de baches hasta la instalación de sistemas de seguridad avanzados. Sin los peajes, el Estado o las comunidades autónomas tendrían que asumir todos estos costos, que se multiplican a lo largo de los años, generando una presión presupuestaria que resulta difícil de sostener. En Vizcaya, por ejemplo, se ha decidido que las autopistas AP-68 y AP-8 seguirán siendo de pago, aunque se trate de pesos públicos.
Esta decisión se basa en la necesidad de liberar recursos para otras áreas sociales y garantizar que el mantenimiento de estas vías no ponga en peligro otras prioridades presupuestarias.
Carlos Alzaga, diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, afirmó que “no hay motivos para pensar que estas autopistas serán gratuitas”. Este tipo de declaraciones recalcan que la gestión de las infraestructuras no es solo una cuestión de concesiones vencidas o promesas electorales, sino de asegurar un sistema que funcione de manera sostenible a largo plazo. El dinero recaudado mediante peajes no solo sirve para mantener las vías en buen estado, sino también para redistribuir el tráfico y evitar la saturación en ciertas zonas, contribuyendo así a una circulación más fluida y segura en todo el territorio.
