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Carreteras de peaje inasumibles: El motivo por el que jamás serán gratis

Nos encontramos en una época en la que el concepto de «carreteras gratis» ha sido el anhelo de muchos ciudadanos españoles. El gobierno prometió liberar gradualmente las carreteras de bienestar en España, en la medida que fueran expirando las concesiones. Esto llevó a un entusiasmo generalizado, especialmente tras la eliminación de embarques en tramos de autopistas como la AP-1, AP-2 y la AP-7.

Sin embargo, la realidad que enfrentamos hoy en día es muy diferente y menos esperanzadora. Las recientes declaraciones tanto de autoridades autonómicas como del gobierno central han dejado claro que la gratuidad total de las autopistas es un sueño inalcanzable por razones que van más allá de la mera voluntad política.

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Un ministro argumentista

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El argumento de Puente es claro: fijar bonificaciones del 100% sería insostenible para el Estado. No es simplemente una cuestión de hacer «gratuitas» las autopistas, sino de equilibrar los costes y garantizar que el mantenimiento de estas vías no se vea comprometido. Sin un sistema de peajes, los ciudadanos podrían enfrentarse a un deterioro significativo de la calidad de las infraestructuras, lo que aumentaría los riesgos de accidentes y reduciría la eficiencia del transporte por carretera.

En lugar de eso, el gobierno ha optado por incrementar las bonificaciones para ciertos usuarios de la AP-9, especialmente aquellos que dependen de ella a diario, lo que representa una medida paliativa para reducir el impacto económico sobre los conductores frecuentes sin sacrificar la seguridad. ni el mantenimiento de la vía.

Este enfoque, aunque criticado por algunos sectores que siguen pidiendo la eliminación total de los peajes, parece ser la opción más viable. Los 27,6 millones de euros adicionales que se destinarán a las bonificaciones son un esfuerzo por reducir la carga sobre los usuarios más afectados sin desestabilizar las finanzas públicas. El incremento de los descuentos para los “superrecurrentes” del 20% al 50% muestra la intención del gobierno de aliviar los costos para aquellos que más dependen de estas infraestructuras, mientras que se evita el impacto negativo que podría suponer la eliminación total de los peajes.