La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes a partir de 2023 va a afectar a los ciudadanos de esas casi 150 poblaciones de toda España que deben cumplir con esta exigencia, cuyo objetivo es rebajar las emisiones en los entornos urbanos restringiendo el tráfico a los modelos más antiguos y, por tanto, más contaminantes.
Pero como la distribución de los vehículos y de su edad no es uniforme en todas las ciudades ni en todas las comunidades autónomas, la nueva normativa no va a afectar por igual a los ciudadanos de todas las poblaciones en las que entre en vigor el próximo año la Zona de Bajas Emisiones.
Canarias es la comunidad más ‘discriminada’ en las Zonas de Bajas Emisiones
Existe el peligro de que esta restricción cree lo que se ha llamado una movilidad discriminatoria. Porque no en todas las ciudades van a poder circular el mismo porcentaje de coches. Así lo refleja un estudio de Sumauto, portal de compraventa de coches, que identifica a Canarias como la comunidad más discriminada debido a que cuenta con el mayor porcentaje de vehículos sin etiqueta ambiental.
En concreto, las ciudades de Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%), son las que tienen mayor porcentaje vehículos sin el distintivo de la DGT en las urbes que tendrán ZBE. Serán, por tanto, las cuatro ciudades en las que los conductores se verán más afectados por las restricciones de acceso al centro.
A estas cuatro ciudades les siguen en cuanto a parque de vehículos sin etiqueta de la DGT, la ciudad gallega de Ourense (41,7%), y las castellanoleonesas de Ponferrada y León, ambas con un 39,6% de coches en esa situación.
Las Zonas de Bajas Emisiones ‘inmovilizarán’ cuatro millones de coches
Sumauto ha cuantificado el número de coches que verán comprometida su circulación por las Zonas de Bajas Emisiones; serán, en concreto cuatro millones los que se pueden ver afectados de un total de 11,5 millones de vehículos que circulan por las ciudades que a partir de 2023 tienen la obligación de implementar las ZBE. Por tanto, más del 30 por ciento de los conductores de estas ciudades pueden ver comprometida su movilidad al no disponer de etiqueta.
Por el contrario, las ciudades menos afectadas por estas restricciones se encuentran todas en la Comunidad de Madrid. Alcobendas solo tiene un 9,9% de vehículos en esta situación, Boadilla del Monte un 11,6% y Rivas Vaciamadrid el 18,3%. Un clara diferencia con los municipios en el polo opuesto de este particular ranking.
«Esto supone que el 32% del parque móvil de estas urbes se convertirá en ‘inmóvil’ al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT para portar el distintivo medioambiental, quedando a expensas de conocer sus dueños qué pueden hacer con sus coches, en vista de que les han puesto ‘fecha de caducidad’ para circular», remarca el comunicado de Sumauto.
Se puede crear una movilidad discriminatoria en las Zonas de Bajas Emisiones
Y continúa la valoración de la empresa que ha encargado este estudio afirmando que se abre así un escenario de coches «inmovilizados» que, mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, «se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad, ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde».
El portavoz de Sumauto, Ignacio García Roji ha valorado estos datos y la normativa como «una movilidad discriminatoria ‘a dos energías’ en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidad de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente. Por un lado, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular sin inconvenientes y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con vehículos contaminantes e inseguros de más de 20 años».
