Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar, no duda en señalar la dirección hacia un futuro sostenible. Sin embargo, lo que parece ser una admirable cruzada ecologista está empañado por una contradicción que no pasa desapercibida: mientras promueve el uso de la bicicleta con propuestas ambiciosas como la instalación de parkings para este medio en edificios públicos, su ministerio dispone de nueve coches oficiales para el traslado de altos cargos. ¿Un caso más de “haz lo que digo, no lo que hago”?
2Entre el ecologismo y la política
Díaz no se limita a proponer medidas como parkings para bicicletas. Su ambición ecologista va mucho más allá, incluyendo una propuesta para incluir el ecocidio como delito en el Código Penal español. Este concepto, reconocido en ciertas instancias internacionales, se refiere a la destrucción grave y generalizada de los ecosistemas y podría ser equiparado a crímenes de guerra o genocidios.
La propuesta busca establecer sanciones penales a personas y entidades responsables de dañar el medio ambiente de forma irreparable. Suena como un paso firme hacia la protección de la naturaleza, pero aquí es donde surge una pregunta incómoda: ¿es creíble esta propuesta viniendo de alguien que, en su día a día, utiliza un modelo de transporte que contradice sus principios?
El ecocidio, tal como lo propone Díaz, no solo apunta a grandes corporaciones contaminantes, sino también a gobiernos y líderes que actúan de manera negligente. ¿Se incluiría en esta definición a quienes, desde su posición de poder, optan por un modelo de movilidad poco sostenible?
