Los coches sin etiqueta medioambiental de la DGT son los mas afectados en las Zonas de Bajas Emisiones reguladas por la ley de Cambio climático. Pero la lentitud y los cambios políticos de los distintos municipios y algunas sentencias judiciales, están propiciando un considerable retraso en la aplicación de una norma que la comisión europea exige para no retirar los fondos económicos de regeneración económica.
El objetivo de estas zonas es mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático y afectan a la salud de las personas.
Algunas ciudades han solicitado al Gobierno una moratoria para retrasar la implantación de sus zonas de bajas emisiones, alegando que no disponen de tiempo suficiente o de los recursos necesarios para hacerlo.
4¿Qué ciudades han planteado una moratoria o han paralizado o eliminado sus zonas de bajas emisiones?
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Ejecutivo posponer un año, hasta 2024, la obligación de implantar las zonas de bajas emisiones. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado esta petición y ha instado a las ciudades a cumplir con la ley.
Otras ciudades han paralizado o eliminado sus zonas de bajas emisiones por motivos políticos o judiciales. Es el caso de Badalona, el alcalde Xavier García Albiol, se ha rebelado contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Según el alcalde badalonés, la normativa no dispone de las memorias económicas necesarias, que indican como afecta la aplicación de la medida a vecinos, autónomos y empresas, ni tampoco de las memorias social y medioambiental, «que es donde se tiene que establecer la extensión de la ZBE y las posibles exenciones por motivos laborales o por el nivel de renta».
Haciendo un cálculo rápido, el Ayuntamiento ha calculado que suspendiendo la ordenanza sobre la ZBE, esta zona permitirá el tráfico de 41.281 automóviles de la ciudad a los cuales afectaba la medida restrictiva. En caso de que la medida hubiera entrado en vigor el 1 de enero del año próximo, el consistorio calcula que un total de 16.160 coches de la ciudad sin etiqueta habrían tenido prohibida la circulación, y 25.121 más, los de etiqueta B, no habrían podido circular durante los episodios de gran contaminación.
