Una sentencia judicial del TSJ de Asturias y el cambio de gobierno fruto de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, pone en jaque al próximo gobierno central en lo concerniente a la normativa sobre la implantación de las ZBE y la obligatoriedad de la etiquetas medioambientales de la DGT.
La falta de forma en el análisis del proyecto y la nula previsión de implicaciones económicas para particulares, autónomos y empresarios podrían ser la causa por la que la justicia asturiana, volcó la implantación de las ZBE de Gijón.
La capital del principado se convierte así en el precedente por el que la nueva ley de cambio climático, en lo que respecta a los puntos sobre anticontaminación y ZBE, podría ser modificada en la próxima legislatura.
2Lo que opina la DGT al respecto
El debate llega a la política como un hueso a una manada de lobos, y en un año en el que las elecciones van a ser protagonistas, no solo por que la generales se han realizado en pleno verano, las primeras trabas a la ley de cambio climático aprobada por el gobierno de Pedro Sanchez han quedado ya de manifiesto.
Un primer intento lo sufrió la ciudad de Madrid, capital del pais, cuando Almeida, elegido alcalde en los comicios anteriores intento derogar Madrid Central y recibió el aviso desde la comisión europea para recular y terminando por implantar mas zonas restringidas e imponer el uso de la etiqueta medioambiental.
Y a primeros de año, recién entrada en vigor la citada ley y que impone la obligación de ejecutar las ZBE, el TSJ de Asturias, tumba su implantación por defectos en la forma del proyecto, la falta de análisis de la calidad del aire y la exigua previsión de los impactos económicos en la ciudadanía.