Una sentencia judicial del TSJ de Asturias y el cambio de gobierno fruto de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, pone en jaque al próximo gobierno central en lo concerniente a la normativa sobre la implantación de las ZBE y la obligatoriedad de la etiquetas medioambientales de la DGT.
La falta de forma en el análisis del proyecto y la nula previsión de implicaciones económicas para particulares, autónomos y empresarios podrían ser la causa por la que la justicia asturiana, volcó la implantación de las ZBE de Gijón.
La capital del principado se convierte así en el precedente por el que la nueva ley de cambio climático, en lo que respecta a los puntos sobre anticontaminación y ZBE, podría ser modificada en la próxima legislatura.
4Los argumentos políticos de Foro Asturias, con el apoyo de PP y VOX
El actual consistorio señala que «la medida supone el cumplimiento de uno de los grandes compromisos del nuevo gobierno». El único requisito que se exige ahora es que tengan la ITV en regla y hayan pagado el impuesto de circulación.
Defienden que esto «converge con la normativa Europea» porque los coches que han pasado la inspección técnica «cumplen la normativa de emisiones vigente». Y que se adopta para no «perjudicar a las personas con menos recursos o que encuentran dificultades para cambiar de vehículo».
