El director de la DGT ha sido contundente en sus declaraciones. «Avisar sobre los controles policiales a través de las redes sociales socava gravemente la seguridad vial, ya que permite a los infractores eludir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías«, afirmó Navarro. Además, calificó esta práctica como «un acto insolidario que atenta contra la línea de flotación de la seguridad vial».
Debido a esto, y tras años de preocupación expresada por el Sector de Tráfico en Galicia, la Fiscalía de Seguridad Vial, la organización Stop Accidentes, la Asociación Pro Guardia Civil y la propia Dirección General de Tráfico (DGT), se ha decidido tomar medidas para restringir el uso de aplicaciones que alertan sobre los controles policiales y aumentar las sanciones, actualmente limitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana.
1Atentando contra la Seguridad Ciudadana
En un reciente y notable avance en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Sector de Tráfico en Galicia ha impuesto las primeras sanciones amparadas en el artículo 36.23. Este artículo considera una infracción grave la difusión de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan comprometer la seguridad personal de los agentes, las instalaciones protegidas, o el éxito de una operación.
Las dos primeras denuncias concluyeron que los avisos sobre operativos policiales en redes sociales podían poner en riesgo el éxito de las operaciones, por lo que se procedió a la correspondiente multa. Estos avisos no solo disuaden a los conductores de un control de alcoholemia o velocidad, sino que también alertan a delincuentes implicados en robos, agresiones, homicidios o narcotráfico, permitiéndoles eludir la vigilancia policial utilizando otras rutas.
Una de estas sanciones recayó sobre una conocida empresa española que administra una popular aplicación que notifica sobre estos dispositivos de vigilancia. Curiosamente, tras la resolución del expediente, la empresa trasladó su sede social de Miño a Ferrol. La segunda sanción se impuso a un particular de la provincia de A Coruña, quien gestionaba grupos de WhatsApp con más de 15,000 usuarios donde alertaba sobre la presencia policial en las carreteras de A Costa da Morte.
