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La nueva ‘ecotasa’ que afecta a 1,4 millones de conductores. ¿Sabes si eres uno de ellos?

En el año 2021, la nueva ecotasa recaudó más de 30 millones de euros, que pagaron más de 3,9 millones de conductores catalanes. En el año 2022, el impuesto aumenta y afecta a más de 4,6 millones de conductores, que aportarán 41 millones de euros al erario público.

La Agencia Tributaria de Cataluña ha informado a los dueños de los vehículos sujetos al impuesto de que se acababa el plazo para pagar la tasa de 2022. La fecha tope era el lunes 20 de noviembre pasado, según el censo que publicó la Generalitat.

El impuesto sobre el CO2 es un tributo que se cobra a los vehículos que emiten este gas contaminante. Los conductores catalanes son los primeros que tienen que pagar este impuesto y no se sabe si se extenderá a otras regiones de nuestro país.

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¿Qué opinan los consumidores y las asociaciones del sector automotriz?

Fondo climatico

El impuesto ha generado opiniones encontradas entre los consumidores y las asociaciones del sector automotriz. Por un lado, algunos consideran que es una medida necesaria para incentivar el uso de vehículos más eficientes y ecológicos, y que contribuye a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire. Por otro lado, otros lo ven como un impuesto injusto y discriminatorio, que penaliza a los conductores que no pueden acceder a vehículos menos contaminantes, y que supone una doble imposición, ya que los vehículos ya pagan el Impuesto de Matriculación y el Impuesto de Circulación.

Entre los que apoyan el impuesto, se encuentran algunas organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, que lo consideran un paso positivo para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la salud de las personas.

Entre los que rechazan el impuesto, se encuentran algunas asociaciones de consumidores, como la OCU, que lo califican de abusivo y arbitrario, y que piden su retirada o su modificación. También hay algunas asociaciones del sector automotriz, como la patronal Anfac, que lo consideran una medida contraproducente y perjudicial para la competitividad y la recuperación del sector.

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