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El ‘donde dije digo, digo Diego’ del Gobierno y el bulo con los 11 céntimos del diésel

El esperado encarecimiento del diésel que el Gobierno había programado para abril de 2025 no verá la luz, al menos por ahora. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó la propuesta para igualar los impuestos entre gasolina y gasóleo, dejando en suspenso una medida que habría supuesto un aumento de 11 céntimos por litro en el diésel. Este cambio buscaba no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también responder a las demandas de la Unión Europea en términos de descarbonización. Sin embargo, la falta de consenso interno entre los socios del Gobierno ha sido la clave para frenar esta y otras medidas de la reforma fiscal.

La propuesta, que apuntaba a recaudar fondos para cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación europeo, habría golpeado el bolsillo de millones de conductores. En términos prácticos, suponían un gasto adicional de unos 200 euros al año para quienes recorren 20.000 kilómetros. Sin embargo, su rechazo en el Congreso deja en el aire una de las piezas fundamentales de los compromisos climáticos y financieros del Ejecutivo.

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Bruselas, la presión y los 6.500 millones en juego

La subida del impuesto al diésel no era una ocurrencia aislada, sino parte de un entramado de medidas fiscales diseñadas para acceder a 6.500 millones de euros en fondos europeos adicionales. Este dinero, crucial para los proyectos del Plan de Recuperación, está ahora en riesgo. Desde Bruselas, las exigencias son claras: España necesita implementar reformas que alineen su economía con los objetivos de sostenibilidad y modernización.

Sin embargo, la división entre los partidos del Gobierno ha complicado el panorama. A pesar de la presión de la Unión Europea, las tensiones internas han derivado en un rechazo que no solo afecta al diésel, sino también a impuestos clave como el de las grandes fortunas y los extraordinarios a energéticas y banca. La política pone en duda la capacidad del Ejecutivo para cumplir con los compromisos fracturados adquiridos, alimentando la incertidumbre sobre la llegada de los fondos europeos.

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