El esperado encarecimiento del diésel que el Gobierno había programado para abril de 2025 no verá la luz, al menos por ahora. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó la propuesta para igualar los impuestos entre gasolina y gasóleo, dejando en suspenso una medida que habría supuesto un aumento de 11 céntimos por litro en el diésel. Este cambio buscaba no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también responder a las demandas de la Unión Europea en términos de descarbonización. Sin embargo, la falta de consenso interno entre los socios del Gobierno ha sido la clave para frenar esta y otras medidas de la reforma fiscal.
La propuesta, que apuntaba a recaudar fondos para cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación europeo, habría golpeado el bolsillo de millones de conductores. En términos prácticos, suponían un gasto adicional de unos 200 euros al año para quienes recorren 20.000 kilómetros. Sin embargo, su rechazo en el Congreso deja en el aire una de las piezas fundamentales de los compromisos climáticos y financieros del Ejecutivo.
2La caída del diésel y su impacto en la economía diaria
Para los conductores, especialmente los profesionales del transporte y los pequeños empresarios, el rechazo a la subida fiscal supone un respiro. En un sector ya golpeado por los altos costes operativos y las restricciones medioambientales, un aumento en el precio del diésel habría sido un golpe difícil de absorbente. “No se puede cargar el coste de la transición ecológica sobre los hombros de quienes más dependen de sus vehículos para ganarse la vida”, afirmó un portavoz de la Asociación Española de Transporte.
El alivio también se extiende al sector automotriz, que enfrentaba una creciente incertidumbre. En los últimos años, las políticas europeas han favorecido la electrificación del parque automotriz, relegando al diésel a un segundo plano. Una medida como esta habría acelerado aún más el descenso de un combustible que, para muchos, sigue siendo esencial.
