El esperado encarecimiento del diésel que el Gobierno había programado para abril de 2025 no verá la luz, al menos por ahora. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó la propuesta para igualar los impuestos entre gasolina y gasóleo, dejando en suspenso una medida que habría supuesto un aumento de 11 céntimos por litro en el diésel. Este cambio buscaba no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también responder a las demandas de la Unión Europea en términos de descarbonización. Sin embargo, la falta de consenso interno entre los socios del Gobierno ha sido la clave para frenar esta y otras medidas de la reforma fiscal.
La propuesta, que apuntaba a recaudar fondos para cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación europeo, habría golpeado el bolsillo de millones de conductores. En términos prácticos, suponían un gasto adicional de unos 200 euros al año para quienes recorren 20.000 kilómetros. Sin embargo, su rechazo en el Congreso deja en el aire una de las piezas fundamentales de los compromisos climáticos y financieros del Ejecutivo.
3Medidas aprobadas: victorias parciales para una reforma incompleta
No todo en la reforma fiscal fue rechazado. Algunas propuestas lograron sortear el rechazo del Congreso, aunque con un alcance limitado. Entre ellas destaca la tributación mínima del 15 % en el impuesto de sociedades para grandes empresas, alineada con las directrices internacionales de la OCDE. Además, se aprobaron aumentos en la tributación del tabaco y los cigarrillos electrónicos, buscando tanto desincentivar su consumo como aumentar la recaudación.
Sin embargo, estas medidas no logran cubrir el objetivo inicial de recaudar 4.500 millones de euros anuales. La falta de consenso deja en el aire otras partes significativas de la reforma, como los incentivos para la transición ecológica o los cambios en el sistema de pensiones, pilares del discurso gubernamental en esta legislatura.
