El esperado encarecimiento del diésel que el Gobierno había programado para abril de 2025 no verá la luz, al menos por ahora. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó la propuesta para igualar los impuestos entre gasolina y gasóleo, dejando en suspenso una medida que habría supuesto un aumento de 11 céntimos por litro en el diésel. Este cambio buscaba no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también responder a las demandas de la Unión Europea en términos de descarbonización. Sin embargo, la falta de consenso interno entre los socios del Gobierno ha sido la clave para frenar esta y otras medidas de la reforma fiscal.
La propuesta, que apuntaba a recaudar fondos para cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación europeo, habría golpeado el bolsillo de millones de conductores. En términos prácticos, suponían un gasto adicional de unos 200 euros al año para quienes recorren 20.000 kilómetros. Sin embargo, su rechazo en el Congreso deja en el aire una de las piezas fundamentales de los compromisos climáticos y financieros del Ejecutivo.
4La política del “ya veremos” y el desgaste de la coalición
El rechazo a la subida del diesel es más que un golpe a la reforma fiscal; es un reflejo de la fragilidad política del Gobierno. La falta de acuerdo entre los socios de coalición ha convertido al Congreso en un campo de batalla donde medidas claves se estancan o desaparecen del debate público.
Aunque el Ejecutivo tiene la opción de aprobar estas medidas por decreto, las señales no son alentadoras. Fuentes cercanas al Gobierno han expresado escepticismo sobre la posibilidad de retomar estas propuestas antes de que termine la legislatura. Este impasse no sólo afecta la hoja de ruta fiscal, sino que también debilita la credibilidad de España frente a Bruselas.
