El esperado encarecimiento del diésel que el Gobierno había programado para abril de 2025 no verá la luz, al menos por ahora. La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó la propuesta para igualar los impuestos entre gasolina y gasóleo, dejando en suspenso una medida que habría supuesto un aumento de 11 céntimos por litro en el diésel. Este cambio buscaba no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también responder a las demandas de la Unión Europea en términos de descarbonización. Sin embargo, la falta de consenso interno entre los socios del Gobierno ha sido la clave para frenar esta y otras medidas de la reforma fiscal.
La propuesta, que apuntaba a recaudar fondos para cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación europeo, habría golpeado el bolsillo de millones de conductores. En términos prácticos, suponían un gasto adicional de unos 200 euros al año para quienes recorren 20.000 kilómetros. Sin embargo, su rechazo en el Congreso deja en el aire una de las piezas fundamentales de los compromisos climáticos y financieros del Ejecutivo.
5¿Qué nos espera ahora?
El “no” a la subida del impuesto al diésel alivia temporalmente a millones de conductores, pero plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo cumplirá el Gobierno con los compromisos europeos? ¿Qué alternativas habrá sobre la mesa para garantizar la transición ecológica y la sostenibilidad fiscal?
Por ahora, el Ejecutivo parece atrapado entre la espada de Bruselas y la pared de las divisiones internas. Mientras tanto, el ciudadano observa con escepticismo un juego político donde las promesas y los compromisos parecen tener fecha de caducidad.