En España, un país que depende en gran medida del transporte por carretera, las implicaciones de esta medida son especialmente significativas.
La transición energética es uno de los mayores retos que enfrenta Europa en su esfuerzo por combatir el cambio climático. Una medida clave en esta transición es la prohibición de la venta de coches y furgonetas de combustión interna a partir de 2035, aprobada por el Parlamento Europeo. Esta normativa, aunque ambiciosa y necesaria para alcanzar la neutralidad climática en 2050, plantea importantes desafíos para los diferentes sectores económicos y la sociedad en general.
Según el estudio “Desafíos y Oportunidades: Descarbonización del transporte por carretera” realizado por Metroscopia para Grupo Hafesa, un 72% de los españoles está al tanto de esta medida. Sin embargo, la desaprobación es notable, con un 57% de los ciudadanos en contra, porcentaje que aumenta al 63% entre aquellos con menores ingresos. Esta desaprobación generalizada refleja una percepción de falta de preparación del país para afrontar un cambio de tal magnitud.
3Las trabas del motor eléctrico según el sector del transporte
Los españoles abogan por un enfoque equilibrado que considere tanto la protección del medio ambiente como el crecimiento económico. La sostenibilidad es una meta deseada, pero debe lograrse a través de una transición energética razonable y justa. Este enfoque subraya la necesidad de políticas que no solo sean ambiciosas en términos ambientales, sino también sensibles a las realidades económicas y sociales.
El sector del transporte de carga por carretera es uno de los más desafiados por esta normativa. Los trabajadores del sector señalan el alto coste de los vehículos eléctricos, la falta de infraestructura de carga y la ausencia de apoyos financieros como las principales barreras para la transición. Además, consideran que el ritmo de la transición es demasiado rápido, lo que genera dudas sobre la viabilidad y éxito de su implementación.
