Siete de cada diez cargadores para vehículos eléctricos en nuestro país se encuentran en áreas urbanas, lo que supone que solo un 36% de los conectores están en zonas rurales o en carreteras principales. Además, solo el 2% de los puntos de carga actuales en funcionamiento tiene una potencia superior o igual a 150 kilovatios (kW), estando el 5% en la red principal y tan solo un 0,7% en las áreas rurales.
La España vaciada está también vacía de cargadores, que están repartidos de modo muy desigual por todo el territorio, lo que hace muy difícil una movilidad cero emisiones en algunos puntos de la Península. En concreto, hay un punto de carga cada 349 km2 en la España rural frente a uno cada 4,11 km2 en áreas urbanas. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio ‘Puntos de recarga para la movilidad eléctrica en España’, realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y el Observatorio de Sostenibilidad, en el que se analiza la capacidad y despliegue de la actual red de recarga de vehículos eléctricos en la red de carreteras de España.
2Varias comunidades sin cargadores de alta potencia
Además, en comunidades como Galicia, Cantabria, La Rioja y Navarra no hay ni un solo punto de recarga de alta potencia. Y a estas se suman otras nueve provincias: Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel. Esto supone que en el 28% de la superficie de la España peninsular no hay ni un solo punto de carga público de alta potencia.
Los autores del informe han presentado una docena de recomendaciones con las que esperan contribuir para terminar con la situación de la España vaciada también de cargadores. Entre las recomendaciones calculan que más de 9.000 gasolineras deben convertirse en puntos de carga con conectores suficientes en cantidad y potencia, piden ayudas y beneficios fiscales para que particulares y empresas puedan aportar por la movilidad cero emisiones. Además, creen que es necesario un plan de financiación para la instalación de puntos de recarga en municipios de más de 1.000 habitantes y piden que se tomen medidas efectivas que eliminen el efecto barrera para la implantación de la movilidad eléctrica.
