Esa es la conclusion a la que llega el informe ‘The good tax guide’ elaborado por la organización Transport & Environment, y en el que se comparan los sistemas impositivos para la matriculación de coches privados y de empresa en 31 países del continente. La fiscalidad de los coches eléctricos en España debe revisarse para apoyar la implantación de este tipo de vehículos.
Porque según el ranking de estos 31 países, España ocupa el puesto 23 de los 31 países de Europa en cuanto al apoyo fiscal a la compra de vehículos eléctricos de batería. El estudio de la Federación Europea de Transporte y Medioambiente, conocido como Transport & Environment (T&E) ha valorado la fiscalidad de los automóviles en España como «de las peores de Europa», debido a que sigue ofreciendo «más ventajas» a la compra de vehículos contaminantes que a la de coches eléctricos, según refleja el informe.
En el ranking de coches eléctricos, somos el puesto 23 de 31 analizados
Eso se traduce, por ejemplo, en que nuestro país está en el último lugar entre los países europeos analizados en cuanto a ingresos procedentes por la fiscalidad de los vehículos y los combustibles. Y eso explica que los objetivos que hablan de que el parque de vehículos eléctricos en España debe llegar a los cinco millones de unidades en 2030 esté muy lejos de cumplirse, pues hoy en día, solo circulan por nuestras carreteras poco más de 200.000 coches eléctricos.
Este parque de vehículos eléctricos hace que ocupemos el «puesto 23 de los 31 países de Europa en cuanto a la adopción de coches eléctricos de batería, por detrás de Italia, Francia y Portugal», tal como han matizado los analistas de T&E.
Y una de las trabas para ese crecimiento del parque eléctrica está en una fiscalidad que, para el responsable de electrificación de flotas de T&E, Óscar Pulido, se trata de un régimen fiscal «anticuado» y recompensa la elección de una flota que se base en los combustibles fósiles. Esto supone, para Pulido «una contradicción flagrante con la ambición de ser un país moderno, gobernado por una coalición progresista, y más en un contexto de crisis medioambiental y energética».
Y urge cambiar esto cuando el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo ya han puesto fecha a la prohibición de la venta de turismos y furgonetas con motores de combustión, que será en 2035.
Para Transport & Environment, el régimen de fiscalidad de los automóviles en España presenta unas deficiencias acusadas que no favorecen el despliegue de los vehículos eléctricos en el país. Una de ellas es que hay gran cantidad de coches de combustión que no pagan impuesto de matriculación. Porque el sistema del impuesto, que es proporcional a las emisiones del vehículo tiene un limite muy alto para la exención.
Los 120 gramos por kilómetro, por debajo del cual no se paga impuesto de matriculación son cumplidos por una gran mayoría de coches, por lo cual la mayoría de los nuevos vehículos evitan este impuesto. Y los límites por encima no son suficientemente restrictivos, según T&E. Por ejemplo, en 2021, únicamente un 1,1% de los vehículos matriculados lo hicieron bajo las cuotas del cuarto tramo (el más alto) y apenas un 5,9% lo hicieron con el tercero.
Mismo trato a los híbridos enchufables que a los coches eléctricos
Para esta organización también es un error que España sea uno de los nueve países europeos de los 31 analizados en los que todavía se favorece fiscalmente a los coches híbridos enchufables, que no son penalizados en función de su impacto ambiental. Porque el estudio destaca que estos producen emisiones contaminantes por no circular sistemáticamente en modo eléctrico.
Y si se da el mismo apoyo a los eléctricos de batería o a los híbridos enchufables, no habrá diferenciación y por tanto no se favorecerá el paso hacia la movilidad cien por cien eléctrica.
Otro de los elementos que introduce el estudio tiene que ver con el IVA. La reclamación habitual de las asociaciones del sector sobre un IVA reducido para fomentar la compra de de coches eléctricos también aparece reflejada en el informe. Por ejemplo, en la parte relativa a las empresas el estudio hace hincapié en que la normativa fiscal no hace diferencias en la desgravación del IVA para los coches «altamente contaminantes» y los de cero emisiones.
Y con este panorama, por tanto, las empresas no se animan a migrar sus flotas hacia vehículos sostenibles. Algo que ya están haciendo en Bélgica, Francia o Portugal, países en los que la cantidad que se puede amortizar depende de las emisiones que emite el vehículo. La propuesta de T&E es que España siga estos pasos y adopte medidas similares.
