En un intento de fomentar la competencia y reducir los precios de los combustibles, el Gobierno de España aprobó en 2015 una ley que permitía a pequeñas gasolineras y distribuidores actuar como las grandes distribuidoras, vendiendo combustible a otras estaciones de servicio. Sin embargo, esta medida bien intencionada se convirtió en la raíz de un fraude que persiste en la actualidad, afectando al mercado de los carburantes.
2El impacto del fraude en las gasolineras
La magnitud de este fraude anual se estima entre 700 y 800 millones de euros, según la Administración. Para abordar este problema, a finales del pasado año se promulgó el Real Decreto 8/2023 en diciembre, que establece la prohibición de esta práctica de venta de hidrocarburos al por menor a partir del 28 de marzo.
