En un intento de fomentar la competencia y reducir los precios de los combustibles, el Gobierno de España aprobó en 2015 una ley que permitía a pequeñas gasolineras y distribuidores actuar como las grandes distribuidoras, vendiendo combustible a otras estaciones de servicio. Sin embargo, esta medida bien intencionada se convirtió en la raíz de un fraude que persiste en la actualidad, afectando al mercado de los carburantes.
3Reacción en el mercado y distorsión de precios
La reacción del mercado ante la inminente prohibición fue, como suele ocurrir, un caos. Numerosas pequeñas empresas se lanzaron a cometer este fraude por última vez antes de la fecha límite, generando una distorsión completa en los precios de los carburantes en toda España. Esta situación permitió la venta del litro incluso por debajo del coste real, especialmente en comunidades como Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia y Andalucía.
