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Estas gasolineras están obligadas a tener cargadores para eléctricos

El Gobierno acaba de aprobar la regulación de la instalación de puntos de carga para coches eléctricos en las principales estaciones de servicio de carburantes. El texto establece que todas las nuevas gasolineras tendrán la obligación de tener, al menos, un cargador para eléctricos y que serán las comunidades autónomas las responsables de notificar este requerimiento a los nuevos establecimientos.

Según publica el Boletín Oficial del Estado, esta nueva norma regula los procedimientos para determinar las gasolineras cuyos titulares están obligados a instalar infraestructuras de carga eléctrica, así como las excepciones. Una próxima orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) concretará el listado de estaciones de suministro obligadas, más de un millar en todo el territorio nacional.

Punto de carga en gasolineras con ventas superiores a 10 y 5 millones de litros

Además de la instalación en las gasolineras de nueva apertura, para determinar los puntos de carga a instalar por cada estación de servicio en nuestro país y la potencia de los mismos se ha tenido en cuenta la cantidad de litros de combustible expedido en 2019.

Así, de acuerdo con la Ley de cambio climático y transición energética, las gasolineras con ventas superiores a los 10 millones de litros en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 150 kW. Hay más de 200 gasolineras en España incluidas en este grupo.

Por otro lado, las gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros en 2019 tendrán que tener al menos un cargador de potencia igual o superior a 50 kW.

El punto de carga no podrá estar a más de 300 metros de la gasolinera.

Estos mismos requisitos se tendrán en cuenta para la apertura de cargadores en las gasolineras con ventas inferiores a cinco millones de litros, pero que lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas en que se hallen, siempre que no haya gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros. Más de 800 gasolineras están incluidas en ambos grupos.

El punto de carga podrá ser propiedad del dueño de la estación de servicio o de un tercero, siempre que se ubique dentro de las instalaciones de suministro de combustible y carburante, o en los terrenos adyacentes, a una distancia máxima de 300 metros.

Excepciones a la norma

Hay tres excepciones que eximen del cumplimiento de esta norma independientemente del volumen de ventas de carburantes que tenga la gasolinera.

Quedan fuera las estaciones de servicio que ya dispongan de un cargador con las mismas características al que deban instalar, aquellas que no puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de calidad y seguridad industrial y otras en las que sea inviable ejecutar la acometida eléctrica necesaria para instalar el punto de recarga.

España, a la cola en electromovilidad

Según el último estudio de electromovilidad de la asociación de fabricantes Anfac, España se mantiene a la cola de Europa en lo que respecta al desarrollo de la movilidad eléctrica, alejándose de los países de su entorno europeo.

En nuestro país, tanto la penetración del vehículo eléctrico como el avance de las infraestructuras de recarga no está en consonancia con los objetivos de descarbonización propuestos por el Gobierno y por Europa y la mayoría de los puntos instalados son de carga lenta.

Anfac considera que para lograr los objetivos planteados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y con el horizonte del cumplimento de las exigencias de reducción de emisiones marcadas desde la Comisión Europea habría que tener unos 340.000 puntos de recarga en 2030. Para esa fecha, se fija un parque de tres millones de turismos electrificados circulando en nuestras carreteras.

Entre sus propuestas, Anfac ha pedido que se definan unos objetivos públicos vinculantes para el despliegue calendarizado por año y potencias de los puntos de recarga y que se haga realidad el hecho de que cada nuevo poste de carga en la vía pública funcione en menos de seis meses.