El Gobierno alemán que preside el socialdemócrata Olaf Scholz, ha presentado una innovadora propuesta para acelerar la implantación de vehículos eléctricos en el país; y lo va a hacer apoyándose en la gasolina… Más bien en las gasolineras. Porque la medida exigirá a los grandes operadores de gasolineras instalar cargadores ultrarrápidos en sus estaciones, con el objetivo de facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible.
La propuesta, que entraría en vigor a principios de 2028, establece que las empresas con al menos 200 gasolineras deberán ofrecer al menos un cargador de 150 kilovatios en cada una de sus estaciones. Es la forma que han encontrado en el ejecutivo alemán de intentar ampliar significativamente la red de cargadores ultrarrápidos, añadiendo unos 8.000 nuevos puntos de carga según la información avanzada por el Ministerio de Transportes.
En la actualidad, Alemania cuenta con aproximadamente 115.000 puntos de carga de acceso público, de los cuales cerca de 22.000 son ultrarrápidos. Pero esta cifra debe crecer significativamente sobre todo si se tiene en cuenta que la meta del gobierno es alcanzar los 15 millones de vehículos eléctricos matriculados para 2030. Eso significaría multiplicar por 10 el parque de coches eléctricos, que a principios de año se situaba en alrededor de 1,4 millones.
Los representantes de las gasolineras, en contra
La medida, como todo lo que tiene que ver con el impulso de la movilidad eléctrica ha levantado adhesiones y oposiciones. Por ejemplo, entre las primeras, la valoración del club de automovilistas alemán ADAC, que la considera como una intervención justificada en el mercado. El club automovilista destaca que las gasolineras, por su ubicación estratégica, son puntos perfectos para la instalación de cargadores.
Entre las oposiciones están, evidentemente, los operadores de gasolineras. Achim Bothe, director general de Aral, la mayor cadena de gasolineras del país, advirtió que esta obligación podría llevar a inversiones ineficientes, además de argumentar que no todas las gasolineras requieren puntos de recarga y que las decisiones sobre la ubicación de los cargadores deberían basarse en la demanda real de los conductores.
No es el único representante de los operadores petrolíferos que se opone. Christian Küchen, director general de la asociación comercial de la industria del combustible ‘en2x’, también expresó su escepticismo, calificando la medida como una «política puramente simbólica». Küchen argumentó que los cargadores se están instalando en lugares más accesibles y convenientes para los conductores, como supermercados y centros de trabajo, y no necesariamente en todas las gasolineras.
Sin embargo el gobierno mantiene su proyecto para «acabar con las lagunas en la red de carga» y destacó que las gasolineras ofrecen una solución cómoda para los usuarios. La medida también ha concitado el interés de la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, que ha solicitado al Gobierno garantizar que los residentes de zonas rurales y ciudades pequeñas también tengan acceso a estos puntos de carga. «No basta con instalar cargadores en las principales rutas de transporte y centros urbanos; es esencial que la infraestructura de carga también alcance áreas menos pobladas», ha recordado André Berghegger, director general de la asociación.
La solución alemana recuerda a la puesta en marcha en nuestro país en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Ahí el Gobierno obligaba a las estaciones de servicio a contar con, al menos, un punto de recarga eléctrica en sus instalaciones o en un radio de 300 metros. La potencia del cargador se basaría en el número de litros de combustible que vendiera cada estación de servicio. Para las que vendieran un volumen superior a 10 millones de litros, el punto de carga debería ser de 150 kW. Y para las de menos, la potencia sería de 50 kW. Todo ello, con un plazo para la instalación de estos puntos que terminaba el 22 de febrero de 2023.
Aunque hay dudas sobre su cumplimiento.
