La senda hacia una movilidad más sostenible en España toma forma con la futura Ley de Movilidad, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y ahora en camino hacia la revisión parlamentaria. Esta ambiciosa legislación se propone nada menos que convertir la movilidad en un derecho ciudadano, al tiempo que aborda de manera integral problemas cruciales como la contaminación y la congestión urbana.
Uno de los puntos más destacados de esta ley es su enfoque en el fomento del transporte colectivo, especialmente para desplazamientos cotidianos como el trabajo o el traslado de los niños al colegio. Además, la introducción de herramientas digitales para organizar los movimientos de personas y mercancías promete agilizar y optimizar los desplazamientos en las ciudades.
Sin embargo, una de las innovaciones más llamativas es la propuesta de establecer un modelo de bajas emisiones basado en la recuperación del espacio público, dejando a discreción de cada ayuntamiento la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que trasciendan la mera clasificación ambiental de los vehículos. Esta medida también otorga a las autoridades locales la facultad de introducir peajes urbanos, una iniciativa que ha suscitado un intenso debate público.
1Pagar por circular en las ciudades
En un movimiento audaz hacia la transformación de nuestras ciudades, se ha presentado una nueva normativa destinada a potenciar el papel de las zonas de bajas emisiones. Este cambio legislativo no solo busca reducir la contaminación, sino que también abre la puerta a una medida controvertida: los peajes urbanos.
Según lo establecido, los ayuntamientos tendrán la facultad de decidir si implementan o no una tasa por la circulación de vehículos en estas áreas restringidas. Esta disposición ofrece a cada municipio la autonomía necesaria para adaptar la medida a sus necesidades y realidades locales.